Creada en 1976, y hoy con 193 países miembros, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y, con 26 tratados internacionales, es la máxima autoridad en materia de propiedad intelectual. A esta entidad recurrió APA (Autores Paraguayos Asociados) para denunciar a la directora de Dinapi (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual), Patricia Stanley, por "intromisión en los asuntos internos, extralimitación en sus funciones, entre otras irregularidades".

La denuncia, de 14 páginas, junto a una copia del comprobante de envío a Ginebra (Suiza) -sede la OMPI- a través de DHL, del 10 de marzo; fue entregada a la prensa por el asesor legal de APA, Rubén Ayala. Fue mientras se aguardaba la llegada de la notificación de Dinapi, cuya acusación incluye 965 hojas de pruebas, que APA deberá rebatir el próximo 30 de marzo.

Ayala es uno de los tres abogados de APA, junto a Leonardo Garofalo y Orlando Cuevas, que firman la denuncia, dirigida a Francis Gurry, director general de OMPI. El documento señala que se adjuntaron 18 pruebas documentales: copia de la orden de fiscalización de Dinapi, de los estatutos sociales, balances, dictámenes de auditorías interna y externa ("practicada por el Grupo Consultor especializado"), del cumplimiento tributario, la denuncia contra la directora de Dinapi presentada en la Presidencia de Paraguay, publicaciones periodísticas, entre otras.

En los antecedentes, los abogados explican a Gurry que APA es "un ente autónomo de carácter privado sin fines de lucro, que rige únicamente por sus estatutos sociales y por mandato soberano de las asambleas"; y, citando la Ley 1.328, alegan que la Comisión Fiscalizadora de APA es el único órgano de control legítimo, y que, si la administración APA no acepta una auditoría, Dinapi carece de toda autoridad para "secuestrar" ni un solo documento.

En la parte final, aparte de pedir a OMPI que reconozca la personería jurídica de APA y admitir la denuncia contra Dinapi, se solicita: "a través del director general de la OMPI se requiera al gobierno de Paraguay el cese inmediato de la persecución e intromisión en los asuntos internos de Autores Paraguayos Asociados" por parte de la directora de Dinapi; designar un representante de la OMPI que venga a investigar los hechos denunciados; "requerir al Estado Paraguayo una sanción" contra Patricia Stanley "por inconducta demostrada en cumplimiento de sus funciones públicas"; y "recomendar al Estado paraguayo que coopere con APA".