La fiscala Sara Torres, de la Unidad Penal Ambiental Especializada de Cordillera, imputó al intendente reelecto de Emboscada, Jacinto Raúl Peña Silva, del Partido Liberal, por delito ambiental. Según consta en la carpeta fiscal, el edil fue imputado por la supuesta comisión del hecho punible de procesamiento ilícito de desechos.

Durante una intervención fiscal, encabezada por Torres, se constató la existencia de un terreno de 1 hectárea, donde anteriormente funcionaba una cantera, pero que en la actualidad funciona como depósito de desechos domiciliarios y patológicos.

La propiedad se encuentra ubicada en la Cuarta Compañía Kokue Guasu, del barrio Cacheta Kue, de la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera; y figura como propiedad de Pánfilo Riveros. El intendente Peña figura como arrendatario de la propiedad a través de un contrato con Riveros, propietario del predio.

Peña enfrenta medidas alternativas a la prisión, entre ellas la prohibición de salida del país, prohibición de tenencia o portación de armas, y la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado a fin de firmar el libro de comparencia. Además de una fianza personal de 10 millones de guaraníes y se le prohibió realizar actividades relacionadas con el medio ambiente.

El intendente habría autorizado, según el expediente fiscal, de forma arbitraria e inconsulta la habilitación de un vertedero en el entorno de la zona urbana con población circundante, animales domésticos y caudales hídricos.

El allanamiento también se realizó con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y funcionarios de la Secretaría del Ambiente (Seam). El procesamiento ilícito de desechos está previsto en el artículo 200 del Código Penal, sancionándose con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa.