El exjefe comunal Miguel Prieto enfrenta tercer proceso penal por lesión de confianza.

El exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto se abstuvo de declarar ante el fiscal Silvio Corbeta en el marco del pro­ceso penal por lesión de con­fianza en el que se lo inves­tiga por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millo­nes a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.

De acuerdo con la investi­gación fiscal, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supues­tamente a la inversión física y edilicia dentro del mencio­nado centro médico.

Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resolucio­nes emitidas por el entonces jefe comunal. Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dic­támenes pertinentes que cer­tificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planifica­ción previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos.

Los fondos en cuestión habían sido solicitados for­malmente por la Dirección de Desarrollo Social. En para­lelo, los miembros del Con­sejo Local de Salud –orga­nismo reconocido como entidad sin fines de lucro e integrado por un actual dipu­tado y otros dos coimputa­dos– también requirieron la concesión de estos apor­tes mediante notas presen­tadas ante la Municipalidad de Ciudad del Este.

La documentación recabada indica que el Consejo Local habría destinado el dinero a supuestas mejoras físicas, principalmente a reiteradas refacciones en un mismo lugar y en cortos periodos de tiempo. Entre los traba­jos bajo la lupa se encuentran remodelaciones en diversas áreas médicas, la construc­ción del pabellón de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y la refacción de los pabellones de Nefrología y Traumatolo­gía del Hospital Regional.

En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exinten­dente. El perjuicio patrimo­nial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como Tía Chela, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vul­nerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, admi­nistración en provecho pro­pio y asociación criminal en el denominado Caso Tajy, donde se investiga un daño patrimo­nial superior a los G. 300 millo­nes. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez penal de garantías Humberto Otazú.