La acusación del Ministerio Público refiere que Cucho Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y principal financista de la organización criminal.

La Cámara de Ape­lación, integrada por los magistrados Arnaldo Fleitas, Camilo Torres y José Waldir Ser­vín, ratificó de manera unánime que Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y los demás implicados en el caso Berilo deberán enfren­tar un juicio oral y público. Con esta resolución, el Tri­bunal de Alzada confirmó la determinación previa adoptada por el juez penal de Garantías, Miguel Pala­cios.

Tras esta confirmación, el siguiente paso procesal con­sistirá en el sorteo corres­pondiente para designar a los jueces que integrarán el Tribunal de Sentencia, quie­nes tendrán la responsabili­dad de juzgar a los acusados. La causa judicial, enmar­cada en el conocido opera­tivo Berilo, investiga una compleja estructura crimi­nal presuntamente dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero.

Según las pesquisas de la Fis­calía, esta red civil y comer­cial operaba transportando cargamentos de estupefa­cientes procedentes de Boli­via, cruzando el territorio paraguayo, para finalmente introducirlos en el mercado de Brasil.

La acusación del Ministerio Público refiere que Cucho Cabaña se desempeñaba como el supuesto líder y prin­cipal financista de la organi­zación criminal.

Por su parte, varios de sus familiares directos y un entorno de colaboradores cercanos cumplían roles específicos y tareas logísti­cas diferenciadas dentro del esquema. En lo que respecta al exdiputado Ulises Quin­tana, también procesado en la causa, la Fiscalía le atribuye haber realizado supuestas gestiones de influencia

para facilitar las operaciones de la banda, así como inter­venciones directas paralograr la liberación de personas vin­culadas al grupo y de sumas de dinero incautadas.

Al analizar los recursos presentados por las defen­sas técnicas, la Cámara de Apelación sostuvo firme­mente que la resolución que elevó la causa a juicio oral no presenta vicios de nulidad ni errores en la aplicación de la ley. Al verificar que el proceso se ajustó estricta­mente a las normas vigentes, los camaristas rechazaron las apelaciones y ratificaron la validez de la remisión del expediente a la etapa de juz­gamiento público.