La comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.

• HOY.COM.PY

La Cámara de Senado­res oficializó la desig­nación de los legis­ladores que integrarán la comisión especial de inves­tigación encargada de inda­gar presuntos actos punibles de corrupción detectados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministe­rio de Salud Pública y Bienes­tar Social.

A través de la Resolución N.º 2944, firmada ayer 2 de setiembre, se estableció que el equipo estará con­formado por los senadores Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Natalicio Esteban Chase Acosta, Antonio Carlos Barrios Fernández, Lizarella Valiente de Rodríguez, Lilian Graciela Samaniego Gonzá­lez y Esperanza Martínez de Portillo. La resolución cuenta además con el refrendo del secretario general, Antonio Z. Sánchez O.

Esta medida se fundamenta en la necesidad de dar cum­plimiento a lo dispuesto el pasado 12 de agosto de 2026 mediante la Resolu­ción N.º 1903, norma por la cual se creó formalmente dicha instancia legislativa. Con la conformación defi­nida, la comisión especial queda habilitada para ini­ciar las tareas de investiga­ción, seguimiento y esclareci­miento de las irregularidades detectadas en ambas institu­ciones sanitarias.

La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judi cial que inves­tiga irregularidades y aden­das en contratos adjudica­dos a la firma Neighpart SA para la instalación de qui­rófanos modulares que no se concluyeron. De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la pre­visional. El caso derivó en la imputación de los expresi­dentes del IPS Jorge Brítez y Vicente Bataglia.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Con­trataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Mar­celo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Asimismo, el informe y dicta­men sobre las finanzas públi­cas correspondiente al año 2025 realizado por la Contra­loría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado para­guayo debido a la gran canti­dad de irregularidades.

Entre los casos detectados por la Contraloría que luego debe­rán ser remitidos al Ministe­rio Público figuran, por ejem­plo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue adver­tida y la utilización de cuen­tas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Basilio Núñez.