Los esposos Rafael Fili­zolla y Desirée Masi, propietarios del Par­tido Democrático Progresista (PDP), manejan los destinos de cruciales coyunturas en las que se tienen que tomar decisiones claves sin que –en el caso de ellos– nadie cues­tione "la politización de la justicia".

Una de las evidencias es que el principal abogado que per­sigue en todos los procesos al entorno presidencial es nada menos que Guillermo Duarte Cacavelos, quien al mismo tiempo es candidato a sena­dor por este partido político.

Pero la cuestión va más lejos aún: el mismo partido de la opositora dura del Gobierno, senadora Desirée Masi, colocó a su candidato a dipu­tado José Casañas Levi como asesor de Eduardo Petta en la función de Miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y probable­mente es quien "libreta" todas las actuaciones del mencionado congresista.

Con estas piezas a cargo del PDP (Duarte Cacave­los, Casañas Levi y Eduardo Petta), los Filizolla-Masi tie­nen, por un lado, el manejo de casos claves y, por otra parte, "la política del garrote" con­tra magistrados o fiscales que no se alineen a sus pedidos. Este es el caso, por ejemplo, de la fiscala Raquel Fernán­dez que, como se esperaba, ya fue convocada a declarar por Petta.

Algunas fuentes señalan que no sería raro que al concluir sus funciones como congresista en julio, Petta pase al mencionado partido de oposición. Recorde­mos que en cinco años se mudó media docena de veces de sec­tor político.

El caso de Rafael Filizzola en la Corte Suprema de Jus­ticia sigue navegando en las aguas de la chicana mediante el favor especial de varios ministros de la Corte. El modus operandi de la pareja consiste en que su esposa, la senadora, impide el enjui­ciamiento de los magistra­dos que operan en favor del ex ministro del interior.