A medida que avanza la investigación, la denuncia realizada por el concejal Rodrigo Buongermini en contra del empresario José Ortiz, sobre supuesto soborno en el marco del 31-M, va camino a desmoronarse por su propia inconsistencia.
El concejal se presentó ayer ante la fiscala Daniela Benítez para ratificarse en una denuncia que, todo indica, se basa en argumentos falsos, según explicó el abogado Geza Poka, representante del empresario tabacalero.
Buongermini fundamenta su denuncia contra Ortiz, y contra el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, en la conversación filtrada por los medios de Abc Color entre Raúl Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero. Según los abogados de Buongermini, en estos audios filtrados habría habido una supuesta orden para imputar a aquellas personas que participaron de los disturbios frente al Congreso, la noche del 31 de marzo pasado, entre ellos el actual concejal asunceno. Pero el audio en cuestión no tendría ninguna relación con José Ortiz, sino con otro José.
"Ellos se basan en los audios filtrados (para hacer la denuncia), pero nosotros tenemos la certeza que la conversación no se refiere al caso del 31-M, sino a una causa penal de Electrofácil", señaló Poka en relación al "José" que aparece en esas escuchas. Esta persona sería el abogado José Almada y el caso referido es el que tiene que ver con la causa de millonaria estafa contra la empresa de electrodomésticos y no con el "pedido" de imputación.
Aunque reacio a reconocerlo, el propio Buongermini dejó entrever ayer que pudiera tratarse de otro "José". Cuando fue consultado acerca de si pudo haber un "error" o intencionalidad en la publicación del diario Abc Color, el concejal se mostró cauto. "Vamos a ver, acá ponemos como testigos a Fernández Lippmann y Carmelo Caballero, ellos van a tener que presentarse y contestar eso", explicó Buongermini, planteando más dudas que certezas sobre la denuncia que presentara el 22 de diciembre pasado. En esa oportunidad se mostró desafiante y algo más seguro con la publicación realizada por el periódico, propiedad de Aldo Zuccolillo, que hoy día,tiende a confirmarse que posee datos falsos.
MALA FE DE ABC COLOR
De confirmarse, así como está la investigación fiscal, que el audio de Fernández Lippmann y Caballero hace alusión al caso Electrofácil y a José Almada, supone una pifiada colosal de Buongermini y los que –detrás suyo– promovieron la denuncia penal contra el empresario José Ortiz. Además, la publicación que toma como datos falsos exhibe a las claras la intencionalidad de Abc Color en involucrar al empresario tabacalero en los hechos ocurridos el entre el 31 de marzo y 1 de abril, que desembocaron en la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Desmontan teoría falsa de compra de imputaciones
El abogado de los empresarios inversionistas de la firma Electrofácil, Ricardo Preda, reveló que en el audio filtrado en el que se escucha al abogado Carmelo Caballero y al secretario privado del JEM, Raúl Fernández Lippmann, refiriéndose al reparto de "120" y compra de imputaciones, en realidad se refieren al caso Electrofácil y no a lo relacionado de la quema del Congreso, como lo había presentado erróneamente el diario Abc Color en una publicación del 22 de diciembre.
Incluso, a raíz de la falsa interpretación en la que incurrió el medio, el concejal Rodrigo Bougermini, de Avanza País, presentó una denuncia por supuesto soborno en contra del empresario José Ortiz, ya que en la publicación afirman en forma categórica que el José al que hacían mención en el audio era Ortiz, mientras que en realidad, según precisó el Ricardo Preda, se refiere a abogado José Almada, socio de Carmelo Caballero en el estudio jurídico y es quien lleva el caso Electrofácil.
El diario Abc puntualizó en otro error que fue el empresario Ortiz quien supuestamente puso la cifra de los "120" para la compra de las imputaciones, mientras que al hacer el desglose de la charla que surge del audio, claramente se entiende que es el monto puesto por Luis Saguier Blanco, antiguo dueño de Electrofácil, quien soporta un proceso judicial por el supuesto delito de estafa.