La empresa telefónica Tigo recibió otra nota con nombre, supuesta firma y sello de la fiscala Brígida Aguilar el pasado 28 de noviembre. En la misma piden extractos de llamadas de varios políticos, legisladores, fiscales y hasta del secretario privado del presidente Cartes. La empresa telefónica respondió el pedido a través de un escrito en el que solicita más detalles para otorgar la información, y el mismo fue recibido por un secretario de la fiscalía de J. Augusto Saldívar.

• POR JORGE TORRES ROMERO

El 28 de noviembre del 2017, en otra nota remi­tida a la empresa Tigo Paraguay con la supuesta firma y sello de la fiscala Brí­gida Aguilar de la Unidad Penal Nº 1 de J. Augusto Sal­dívar se solicita extractos de llamadas entrantes y salien­tes, como también mensajes de texto entrantes y salientes de 12 personas.

En la nota se lee que el pedido es "de carácter urgente y que debe ser remitido a la sede del Ministerio Público o al correo institucional: HYPER­LINK "mailto:fiscaliaa­gustosaldivar@gmail. com"fiscaliaagustosal­divar@gmail.com, o en mesa de entrada de Tigo, a fin de que la funcionaria Sil­via Noelia Veláz­quez, con cédula de identidad número 3 . 8 1 3 . 7 2 1 (sic)".

El escrito invoca la causa Nº 299/17: "Persona Innominada s/ S.H.P. a determinar". Según el sello de la empresa telefó­nica, la nota se recibió el 30 de noviembre del 2017.

Al averiguar a quiénes perte­necen los números solicitados en la referida nota, saltan los siguientes nombres de políti­cos, parlamentarios, fiscales y el secretario privado del pre­sidente de la República. A con­tinuación, los números y sus titulares (por seguridad obviamos los tres últimos números): (0981) 214… de Efraín Alegre; (0981) 460… de Rafael Filiz­zola; (0981) 403… de Desirée Masi; (0981) 427… de Mario Abdo Benítez; (0981) 402… de Enrique Bacchetta; (0981) 240… de Arnoldo Wiens; (0981) 806… de Luis Alberto Wagner; (0983) 584… de Roberto Ace­vedo; (0981) 595… de Arnaldo Franco; (0981) 578… de Aldo Cantero; (0981) 619… de Euge­nio Ocampos y (0981) 480… de Dionisio Amarilla.

A diferencia de la nota del 20 de octubre remitida a la telefónica por la misma agente fis­cal, quien afirma desconocer el pedido y que alegó falsificación de firma, esta vez la empresa Tigo no remitió los extrac­tos de las llamadas telefóni­cas solicitadas, sino que envió una nota a la sede de la Unidad Fiscal de J. Augusto Saldívar a nombre de Brígida Aguilar.

En dicha nota de fecha 12 de diciembre, firmada por el abo­gado Miguel Almada, gerente de Asuntos Legales de la com­pañía telefónica, y dirigida a la agente Aguilar, solicita "iden­tificar en legal y debida forma la causa Nº 299/17 con sujeto, objeto y causa, para, así, esta­blecer un equilibrio entre los derechos fundamentales de aquellos y la potestad que el poder público tiene de injerir sobre los mismos".

Es decir, a diferencia del caso anterior, donde Tigo remi­tió toda la información de los cruces de llamadas soli­citados de estos números: (0981) 884… de Blas Llano; (0981) 402… de Luis Cani­llas; (0985) 126… de José Ortiz; (0985) 310… de Vale­rio González Gómez; (0981) 309… de Carmelo Caba­llero; (0986) 844… de Mau­ricio José Peruzzi Espínola; (0981) 448… de Royg & Aso­ciados; (0981) 404… de José Fernández Paganetti y (0982) 118… de Raúl Fernández Lip­pmann; en esta segunda soli­citud, la telefónica pide más detalles de la causa en sí para luego remitir la información.

Según la copia de la nota que la empresa Tigo remi­tió a nombre de la fiscala Brígida Aguilar, el docu­mento fue recibido en la Unidad Penal Nº 1 de J. Augusto Saldívar por el abogado Óscar Correa, secretario fiscal, en fecha 12 de diciembre del 2017 a las 12:20, según consta en su sello y su firma.

La pregunta que surge acá es la siguiente: ¿El secre­tario fiscal de J. Augusto Saldívar, Óscar Correa, entregó la nota de Tigo a la fiscal Aguilar? Si efectiva­mente lo hizo, ¿por qué la fiscal no denunció el hecho de que supuestamente le fal­sificaron su firma, ya en ese momento al tener conoci­miento de una solicitud que supuestamente no la hizo? Si no recibió la nota dirigida a su nombre, ¿quién recibió el escrito de Tigo?

"Si ella explica que no ha firmado el ofi­cio, será muy importante que la telefonía revele quién retiró esa infor­mación. Si bien, nosotros los fiscales estamos facultados a solicitar información a entes privados o públicos, debe ser dentro del marco de un proceso; no podemos hacerlo por interés personal", refirió la presidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, la fiscala anti­corrupción Victoria Acuña.

Es con respecto a la acusación que pesa sobre su colega Brígida Aguilar, de J.Augusto Saldívar, quien supues­tamente se habría aprovechado de su condición de fiscala para solici­tar informes de las llamadas y los mensajes de texto de distintas per­sonas, en el marco de una causa que no pertenece a su sede actual. Dicho pedido fue remitido a la telefonía Tigo, pero la representante del Ministerio Público niega haberlo hecho.

Resaltó que el hecho amerita una investigación en profundidad, ya que una vez más se estaría poniendo en juego la credibilidad de la institución, ya que cada decisión que tome cualquier miembro de la entidad arriesga la fiabili­dad del Ministerio. A la vez, reiteró la importancia del esclarecimiento del hecho para saber con precisión quién fue el responsable de solici­tar los informes privados y en el marco de qué causa lo habría hecho.

Finalmente, lamentó que de por sí les cuesta conseguir informaciones en el marco de una causa determinada y que después de lo sucedido, será incluso más difícil. "Es grave como institución investigadora, ya tenemos en el ámbito financiero muchas trabas y con esto se le da razón a la gente que no quiere brindar información", aseguró.

El Abog. Miguel Almada, gerente de Asuntos Legales de la telefonía Tigo, explicó que al remitir los informes de registros de llamadas, solicitados por el Ministerio Público, solamente intentaban colaborar con la Justicia. Aclaró además que al mes reciben cientos de solicitudes fiscales y que por ende no realizan ninguna pericia caligráfica para comprobar la legalidad de los mismos.

"Estamos en el centro del debate mediá­tico, a raíz de lo que viene ocurriendo en nuestro país; nosotros accedimos de manera a colaborar con la Justicia. Confiamos en que las personas que se presentan como fiscales, sean fiscales. Nosotros recibimos un promedio de 100 oficios por mes, ahora tendremos que evaluar las opciones que tenemos".

El abogado Juan Sosa Bareiro también dio su postura con respecto al caso y manifestó su preocupación por la forma en que se consiguie­ron los datos de llamadas, que son netamente privados, más aún teniendo en cuenta que la información podría ser utilizada supuesta­mente para fines extorsivos.

"Quiero manifestar mi sorpresa e indig­nación por una gravísima manipulación de procedimientos jurídicos, que deberían ser delicados en cualquier tipo de causa con el objetivo de perjudicar a determinadas personas en cuanto a su privacidad. Estamos frente a un grave atentado contra todo el sistema de dere­cho, con esto se está socavando la credibilidad del sistema judicial; el día de mañana puedo inventar una causa sobre cualquier persona para espiar la privacidad de la gente", expresó a la 970 AM.