La falta de recursos disponibles en el fisco hace inadmisible la condonación de la deuda de los campesinos, según lo reafirmó ayer la ministra de Hacienda Lea Giménez, al referirse a la media sanción otorgada en la Cámara de Senadores al respectivo proyecto de asistencia financiera a los pequeños productores.

La titular de la cartera explicó que de cada G. 100 que hoy gasta el Estado, el 92% es destinado a gastos rígidos, por lo que no se puede disponer de ellos. En consecuencia, queda solamente 8% para destinar a gastos no rígidos, que son utilizados para financiar programas sociales como Tekoporã, Pensión Alimentaria para Adultos Mayores y merienda escolar.

"De cada G. 100, 74% va a salarios, 11% va a jubilados y pensionados, 7% al repago de deudas y nos quedan solo 8% para destinar a gastos no rígidos. Ese 8% equivale a más o menos US$ 332 millones, de los cuales US$ 320 millones lo usamos para cubrir alimentación escolar, Tekoporã y Adultos Mayores. Es decir, solo nos quedan US$ 12 millones para cubrir otras cosas y no es que eso está disponible", detalló.

Tras su disertación sobre el escenario político y económico actual de Brasil y sus posibles impactos en la economía del Paraguay, organizada por la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, Giménez pidió a los legisladores tomar decisiones responsables, o de lo contrario, que los mismos digan al Ministerio de Hacienda de qué sector recortar los recursos para cubrir la deuda de los campesinos.

"Los legisladores que aprueben eso (condonación) que por lo menos nos digan a quién le vamos a recortar. ¿Van a aprobar ellos una ley para recortar el salario al sector público por la mitad? No sé, ¿van a aprobar una ley para cortar Adultos Mayores, Tekoporã y como les digo, alimento escolar?", agregó.

En sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores se aprobó ayer de manera general el proyecto de "Rehabilitación Financiera de los Pequeños Productores de la Agricultura Familiar Campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas".

En el citado proyecto se rechaza la refinanciación de la deuda, como lo propone el Ejecutivo y se establece que las deudas de los labriegos sean subsidiadas por el Estado. Ahora, esta normativa será trasladada a la Cámara Baja (Diputados) para su tratamiento.