La fiscala Claudia Penayo pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Luis Fretes y José Joaquín Castillo, directivos de la empresa Protek.

Esta mañana se realizó la audiencia de imposición de medidas en la causa por la muerte del joven Mauricio Benítez, ocurrida el pasado 15 de junio en la zona de Puerto Botánico, luego de una persecución iniciada por dos guardias de Protek que también fueron procesados.

Penayo explicó que al inicio su colega María Teresa Ruiz Díaz imputó y pidió prisión preventiva a los directivos por violación de la Ley de Armas, cuya expectativa de pena va de 5 a 10 años para quien preste o permita el uso de armas a terceros sin autorización de la autoridad competente, informó el portal Judiciales.net

Sin embargo, agregó que en el transcurso de la investigación por lo que ahora solicita que se tenga en cuenta el inciso a, del mismo artículo, cuya expectativa de pena va de 6 meses a 5 años, lo que posibilita la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

De acuerdo al informe, la diferencia radica en que el inciso d) habla de “terceros” y en este caso, los guardias no son terceros, debido a que son empleados de la empresa. Por su parte, el abogado Claudio Lovera, defensor de Luis Fretes, resaltó que el Ministerio Público se encuentra investigando el caso desde el mes de junio, tiempo en que se cambió de hipótesis y no ahora en la audiencia de imposición de medidas.

El juez penal, Rubén Riquelme, deberá resolver si hace lugar o no al pedido de la fiscala Penayo. En tanto que el abogado querellante, Federico Campos, anunció que recusará a la fiscala Claudia Penayo y la denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Hoy entendimos que nuestro Ministerio Público está podrido y que debe ser subsanado”, afirmó.