El directorio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-amarillo) dio de baja a otros 10 miembros de esta institución. En forma llamativa, entre los sancionados aparece Alejandro Buzó, un voluntario que desde hace meses viene denunciando irregularidades en la administración de la entidad.

• class="p1">Por Aldo Benítez – aldo.benitez@gruponacion.com.py / @aldo_be

Desde que La Nación empezó a publicar la serie #BomberosEnLlamas -que se puede seguir aquí– y expuso posibles hechos de corrupción dentro del Directorio de los bomberos amarillos, Alejandro Buzó, voluntario de la tercera Compañía de Asunción, fue uno de los que públicamente empezó a exigir que estas denuncias sean aclaradas. Además, Buzó empezó a denunciar por su lado otra serie de cuestionamientos financieros y administrativos.

Además de Buzó, otros bomberos que hicieron saber su descontento o se expresaron públicamente, también fueron dados de baja. En ese sentido, La persecución contra los voluntarios que se animaron a exigir transparencia se inició en noviembre de 2016 con un sumario, luego empezaron a sancionar a los bomberos. En marzo de este año, volvieron a dar de baja a otros voluntarios.

El pasado 2 de junio, el Tribunal de Justicia del CBVP -un órgano totalmente dependiente del Directorio- emitió su resolución Nº 002/2017 mediante el cual decidió dar de baja a Buzó y a otros nueve voluntarios. El sumario que derivó en estas determinaciones se abrió por supuestas "faltas" en los horarios que debían cumplir estos bomberos. Es decir, ausencias sin justificar en sus horarios de guardia o de servicios y que implica sanciones, según establece el reglamento de los Bomberos.

Además de Buzó, también fueron sancionados en esta ocasión: Alexandra Gavilán Riveros, María Lidia Centurión, Luis Augusto Cresta y Raúl Giucich González, todos de la segunda Compañía "Santísima Trinidad". También fueron dados de baja Ricardo Insfrán Fernández, Miguel Santos Caruso y Marta Marín Torres, de la Tercera Compañía "Sajonia". Susana Patiño, de la Quinta Compañía "Lambaré" y Verónica Caballero Bello, de la 1ra. Compañía Departamental de San Bernardino.

Quien aparece como denunciante -para iniciar el sumario- es Luciano Florenciáñez, secretario general del Directorio. Supuestamente, Florenciáñez se basa en unos informes arrimados hasta el Directorio por parte del Departamento de Personal del CBVP. En estos documentos, aparecen las ausencias injustificadas de estos diez bomberos.

Al ser informado del sumario abierto en su contra, Alejandro Buzó envió un pedido oficial a los capitanes de la Tercera Compañía, en donde brinda servicios, para que le puedan informar sobre los siguientes puntos: si en sus años como bombero tuvo algún sumario en contra, si tiene notificaciones por ausencias no justificadas en los últimos años y también si dentro de su foja de servicios se encuentra alguna denuncia por algún tipo de acto violento o similar que haya tenido, y que se haya comunicado al Directorio. La solicitud de Buzó se hizo el pasado 29 de mayo. Todavía no ha recibido respuestas.

El fiscal Angel Ramírez solicitó el 23 de mayo elevar a juicio oral la acusación por presunta estafa contra Rafael Valdéz y Mario Luis Gini, presidente y tesorero del CBVP-amarillos, respectivamente. La medida del Ministerio Público se basó en diversas evidencias que la investigación fue arrojando durante seis meses que trabajó el fiscal Ramírez en este caso.

La primera publicación de #BomberosEnLlamas comprueba que el Directorio CBVP-amarillo compró equipos de rescate "fantasma" por valor de G. 967 millones de la firma Circumpunto SRL. Esta empresa pertenece a Daniel Aquino Rivas, miembro del Directorio.

Desde el Directorio, sostienen que todas las publicaciones de La Nación obedecen a una "campaña" de desprestigio en contra de la institución.