El juez penal de Garantías, Hum­berto Otazú, ordenó el arresto domiciliario para el despachante de Aduanas, Carlos Bulnes Servián; el quí­mico purificador de metales preciosos, Eduardo Torres; y el brasileño Luis Fernando Da Silva, imputados por contra­bando, producción de docu­mentos no auténticos y aso­ciación criminal, en el marco de la investigación del envío de lingotes de oro al exterior.

La resolución del juez Otazú se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo ayer en el Palacio de Justicia. El fiscal Eugenio Ocampos había solicitado la prisión preventiva de los imputados. Asimismo, los abogados de la firma Damas SA, Francisco Vera Ibarrola y Víctor Candia Vera, quedaron en libertad, pero según el representante del Ministerio Público segui­rán investigados.

De acuerdo a la denuncia de la Coordinación Administra­tiva de Investigación Adua­nera (CAIA), las personas denunciadas participaron para sacar del país dos barras de oro de 3 kilos en total, una de ellas de 1,89 kg, con 87% de pureza, y la otra de 1,11 kg, con 71% de pureza.

El valor en el mercado local sería de unos US$ 114.934, pero esta cifra se triplicaría en el extranjero y llegaría fácilmente a los US$ 300.000. El destino del oro era la empresa Gebarah et Fills Ltd, domiciliada en Bei­rut, República de Líbano.

Según la carpeta fiscal, el Viceministerio de Minas y Energía no autorizó a la firma Damas SA a sacar del país el oro. Asimismo, la Secreta­ría de Estado de Tributación (SET) informó que el tim­brado utilizado en la factura comercial no es válido.