La Cámara de Apelación integrada por los magistrados Gustavo Ocampos, José Agustín Fernández y José Waldir Servín ratificó que los condenados por lesión de confianza por el desvío de G. 68 mil millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Silvio César Riveros, Lidio Irala e Ignacio Acuña, presidente, vicepresidente y tesorero de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), seguirán cumpliendo sus sentencias en la cárcel de Emboscada.
El colegiado argumentó su resolución señalando que "existe aún peligro de fuga, por lo que los condenados deben seguir recluidos para asegurar el sometimiento de los mismos a la Justicia, al tiempo de cumplir con sus condenas". Con esta determinación, los ex directivos de la Fenaprofhp seguirán tras las rejas.
Días atrás, los mencionados pidieron ser beneficiados con el arresto domiciliario, pero el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Luz Martínez, rechazó la petición de los condenados y confirmó la prisión de los mismos. Por su parte, el fiscal Igor Cáceres se opuso al arresto domiciliario peticionado por los tres condenados. Tanto Riveros, Irala y Acuña fueron remitidos al penal de Emboscada el pasado 22 de diciembre del 2017, una vez dado a conocer su sentencia.
ADMINISTRACIÓN DE ENZO CARDOZO
El multimillonario perjuicio al MAG fue durante la administración del senador liberal Enzo Cardozo cuando el mismo se desempeñaba como ministro del citado ente estatal.
Cardozo también está acusado en la presente causa, pero el juicio oral y público aún no se realizó debido a las chicanas jurídicas que planteó su defensa, logrando así dilatar el desarrollo del proceso penal. Al destrabarse el caso, deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
CONDENA
El Tribunal de Sentencia, integrado por María Luz Martínez, Víctor Alfieri y Elio Ovelar, dictó 11 años de presión para el ex presidente de la Fenaprofhp, Silvio Riveros; 9 años para Ignacio Acuña, tesorero, y el ex vicepresidente, Lidio Irala; y 7 años a Luis Guillermo Piccardo.
Todos fueron encontrados culpables por lesión de confianza, estafa, apropiación, uso de documentos no auténticos y lavado de dinero.