El juez penal de Garan­tías suspendido en sus funciones, Roberto Martínez Cañete, sigue per­cibiendo el salario básico de un magistrado G. 7.503.750, a pesar de no prestar ningún servicio al Poder Judicial. El citado magistrado estuvo imputado por cohecho pasivo (pedido de coima), pero en el 2016 logró que la Cámara de Apelaciones confirmara su sobreseimiento definitivo, a raíz de que la causa prescribió porque ya pasaron 10 años y 5 meses sin que sea discutida en un juicio oral.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia en el 2008, a tra­vés de la Resolución Nº 1.508, tomó la determinación de ratificar la suspensión en el cargo de Martínez, pero con goce de sueldo básico. La decisión lleva la firma de los ministros Víctor Núñez (quien ya renunció), Sindulfo Blanco, Raúl Torres Kirm­ser, Alicia Pucheta de Correa, Miguel Óscar Bajac, Antonio Fretes y César Garay Zucco­lillo. Haciendo un cálculo, desde el 2008 hasta la fecha el magistrado suspendido en sus funciones cobró en con­cepto de salario la suma G. 810 millones aproximada­mente.

La Cámara de Apelaciones en el 2016, con voto dividido, confirmó la resolución de la jueza penal de la Adolescen­cia, Edith Coronel, quien decretó la prescripción de la causa y el sobreseimiento definitivo de Martínez.

Los camaristas Cristóbal Sán­chez e Irma Alfonso de Boga­rín votaron a favor de ratificar la resolución de primera ins­tancia; mientras la camarista Clara Estigarribia Mallada votó por revocar la resolución, debido a que para ella no se cumplió aún con el plazo de prescripción.