La jueza en lo civil y comercial, Julia Rosa Alonso Martínez, liberó 18 buses de empresas canceladas al hacer lugar a una medida cautelar pre­sentada por los propietarios de unidades del transporte público de pasajeros de la empresa 29 de Septiembre Boquerón SRL, reviviendo de esta manera a una empresa ilegal y deudora en concepto de canon ante el Viceministe­rio de Transporte, así como al Banco Nacional de Fomento.

El jueves, en horas de la tarde, el oficial de justicia José Fernando Ayala se presentó en el predio del Viceministerio de Transporte, donde exhibió un mandamiento de secuestro firmado por la jueza mencionada y procedió a retirar 18 buses de la empresa mencio­nada, que habían sido retenidos a lo largo de los últimos meses por los fiscalizadores del viceminis­terio por no contar con los míni­mos requisitos técnicos para cir­cular, ni estar habilitados por esa cartera de Estado, poniendo de esta manera en riesgo a los usua­rios del transporte.

Por su parte, el viceminis­tro de Transporte, Agustín Encina, manifestó que la ins­titución a su cargo ya denun­ció a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos y ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justi­cia, ya que no solo benefició a la firma con la medida cautelar, reviviendo a una empresa ya cancelada, sino que se extra­limitó en sus funciones.

De acuerdo a lo que consta en el expediente judicial, la magistrada otorgó la medida cautelar sin que los propieta­rios de los buses hayan acredi­tado la titularidad de ninguna de las unidades secuestradas; además, no se acreditaron los presupuestos mínimos para conceder la medida caute­lar, ya que la jueza no exigió una contra-cautela adecuada para el caso y por último uti­lizó argumentos laborales que no son de su competencia.

Así, pone en peligro a los usua­rios de dicha línea, ya que auto­rizó la libre circulación de los buses, sin que estos cumplan los mínimos requisitos técni­cos, legales y de seguridad exi­gidos por el Viceministerio de Transporte.