• Por Lucía González
• Periodista
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Desde el 1 de enero hasta el 3 de noviembre de este año, el Ministerio Público registra 671 recusaciones en todas las causas tramitadas por fiscales que prestan servicios en las distintas dependencias del país. Del total, están en proceso 35 pedidos de abogados; mientras que 616 solicitudes ya fueron finiquitadas. En las causas de la quema del Congreso, de la fabricación de bombas molotov y de atropello a la sede del PLRA, donde falleció el joven Rodrigo Quintana, se registraron la mayor cantidad de intentos de separar a fiscales.

CAUSA CONGRESO

Está caratulada como "Roberto Rojas González y otros s/ perturbación de la paz pública y otros", se presentaron 27 recusaciones contra agentes fiscales. En este proceso abierto fueron imputadas más de 24 personas, entre ellas Jorge González, Jorge Rádice, Juan Rádice, Juan del Puerto, Paraguayo Cubas, Rafael Esquivel, Roberto Rojas, Víctor Rodríguez, Marco Ramos, Luis Buongermini y Eduardo Mendieta. La lista sigue con Nelly Cortesi, Stiben Patrón, Marlene Orué y Richard Chamorro por los mismos ilícitos.

Con relación a la quema del Congreso el pasado 31 de marzo, el abogado Juan Sosa Bareiro, representante legal de los senadores que buscan que se aclare el hecho (Gustavo Alfonso, Mirtha Gusinky, Derlis Osorio, Juan Darío Monges, Carlos Núñez, Víctor Bogado y Nelson Aguinagalde), había solicitado al Ministerio Público que investigue a varios políticos liberales allegados al titular del PLRA, Efraín Alegre, debido a que podrían haber incitado a prender fuego al Parlamento. Esto se dio a raíz de la declaración del imputado Silvino Romero, alias "Amuleto", quien dijo que un grupo de presuntos dirigentes liberales contrató a varias personas de la Chacarita para manifestarse frente a la sede legislativa.

CAUSA MOLOTOV

Está caratulada como "Luis Osvaldo Sánchez González y otros s/ fabricación ilícita y hechos punibles conexos, previstos en la Ley Nº 4036/10". Abierta contra los liberales Rubén Moisés Galeano Cáceres, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez Jara y Stiben Patrón, investigados por la fabricación de bombas molotov en la sede del PLRA el pasado 31 de marzo, tienen en total 3 recusaciones. A excepción de Patrón, que actualmente cuenta con prisión domiciliaria, todos tienen pedido de captura internacional para que puedan ser extraditados y juzgados por la Justicia paraguaya.

Luego de ser imputados por la fabricación de bombas molotov, Galeano, Aquino, González y Martínez se fugaron del país y evitaron someterse a la Justicia. Actualmente, la Comisión de Refugiados de la República del Uruguay aceptó el pedido de refugio realizado por los citados. Para el abogado Osvaldo Granada Salaberry, no corresponde la concesión del refugio político a personas procesadas por delitos comunes. "Los que pidieron refugio al Uruguay están siendo utilizados por los dirigentes liberales para la propaganda política", puntualizó.

CAUSA ATROPELLO AL PLRA

Está caratulada como "Gustavo Adolfo Florentín Silva s/ homicidio doloso". La causa tiene 4 recusaciones a agentes fiscales. En la madruga del 1 de abril de este año fue asesinado en la sede del PLRA Rodrigo Quintana. El supuesto homicida del presidente de la Juventud de la Colmena sería el policía Gustavo Florentín. El Ministerio Público accedió a imágenes del circuito cerrado del PLRA, que aportan datos sobre cómo ingresaron los agentes al local.

También están imputados por el atropello a la sede del PLRA el comisario Tomás Paredes Palma y el agente policial Guido Amarilla, para ambos aún no se pudo realizar la audiencia de imposición de medida, a raíz de las chicanas que presentaron los abogados de los dos uniformados.

HUBO CAMBIOS

Los hechos ocurridos durante el 31 de marzo y madrugada del 1 de abril le costaron el cargo al entonces ministro Tadeo Rojas, que fue cambiado y en su lugar quedó el viceministro de Seguridad Interna, Lorenzo Lezcano. El comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, también fue reemplazado por el subcomandante de la Policía, Luis Carlos Rojas. Ambas autoridades siguen en sus cargos.