La fiscal Teresa Sosa presentó acusación contra Edith Lombardo de Vega, y pidió la elevación de la causa a juicio oral y público. La mujer está procesada por usura, y se le atribuye haber causado daño patrimonial a cerca de cien docentes y funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
En su momento, la denuncia ante la Fiscalía fue formulada por los docentes Gloria Almirón, Marta Aquino, César Ozuna, Raquel Acosta, Daniela Almada, Alba Agüero, Josefina Balbuena, Aida Bernal, Rosa Báez, Carmen Benítez, Carolina Bogado, Mirian Cabello, entre otros.
En la acusación fiscal se detalla que los maestros y funcionarios del MEC celebraron contratos de préstamos de dinero con Lombardo de Vega, representante legal de la empresa unipersonal "Multicréditos La Roca", cuyas obligaciones serían canceladas a través del descuento salarial solicitado por la Asociación de Educadores "Ovetense", representada por Natalia Vega Lombardo, hija de la acusada.
La citada asociación tiene un convenio con el MEC, a fin de gestionar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los maestros y funcionarios con la unipersonal, constituyendo contraprestaciones evidentemente desproporcionadas con relación a las prestaciones recibidas.