La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aguarda la resolución sobre una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia, por el fallo desfavorable en el caso de la millonaria demanda iniciada por el periodista uruguayo Ismael Antonio Pintos.

Pintos había accionado judicialmente ante la Conmebol y logró que un juzgado de primera instancia y un tribunal de apelaciones sentenciara a su favor para cobrar la suma de G. 53.355.741.000 (US$ 10 millones), por diferentes conceptos, entre ellos el cobro de un porcentaje de sponsoreo con la empresa Global Sports, que actualmente está en litigio con la entidad máxima del fútbol sudamericano, por incumplimiento de contrato.

Según Pintos, le correspondía el 20 % de la operación, pero la entidad del fútbol sudamericano no reconoce, ya que alegan que no existe documento de dicho acuerdo.

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La sentencia resultó favorable al señor Pintos en dos instancias, pero la Conmebol insiste en no pagar dicho monto, por considerar injustificada las resoluciones de los magistrados paraguayos que, según sostiene, se basan en pruebas inexistentes y que violentan incluso normas constitucionales.

Montserrat Giménez, del departamento jurídico de la Conmebol, habló con La Nación y explicó los motivos de la acción de inconsitucionalidad presentada ante el máximo organismo. La especialista en derecho dijo que no existen argumentos para condenar a la entidad a pagar semejante suma y también habló del tráfico de influencias, donde podría estar metido el ahora expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher, quien está en el ojo de la tormenta por los audios filtrados en estos días.

“¿Qué es raro de todo esto? Que es Luque. El abogado está íntimamente relacionado al ‘Señor de Luque’ (Óscar González Daher), al igual que con el hijo del Ministro de la Corte, Antonio Fretes. No tiene ningún sentido jurídico lo que condenaron. Fue meramente político esto”, asegura Giménez.

Hubo arbitrariedad

La abogada de la Conmebol asegura que hubo arbitrariedad a la hora de emitir la sentencia, ya que según ella el juez ni siquiera leyó lo que el demandante solicitaba. “La acción alega arbitrariedad en el dictamen de la sentencia. La misma no está fundada. No está sustentada en base a principios jurídicos. El juez solo dice que se le da a lo que él (Pintos) pide. El demandante pide millones de cosas que estaba en base a la legislación brasileña, que no son aplicables en Paraguay. El juez ni se dignó en leer la demanda. Pedimos la nulidad de las resoluciones siempre tienen conceptos, pero esto no tiene argumentos”, reitera.

Giménez dijo además que la Confederación podría cambiar de sede, en caso de que la sentencia sea nuevamente favorable al periodista uruguayo. “Esto pone en riesgo la continuidad de Conmebol en Paraguay. Esta inseguridad jurídica es insostenible. Conmebol no tiene forma de pagar sin tocar la plata de los clubes y eso no se puede hacer”, aclaró la jurista que aguarda que la Corte Suprema corrija -según la matriz del fútbol sudamericano- la arbitrariedad cometida.


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