- Por Jorge Torres Romero
- Periodista
Resulta hasta natural que en plena “guerra política” cada sector acomode la realidad de acuerdo a su conveniencia. Por ello, el papel de la prensa a la hora de aportar elementos para entender la realidad es determinante. Por supuesto que también en este rubro cada uno aporta el elemento de su interés en consonancia con su línea editorial y no precisamente sea buscando la verdad y mucho menos la objetividad. Es por eso que solo debemos rescatar el elemento que aporta, para luego construir lo más próximo a la verdad.
En los casos de los cruces de llamadas, su forma de obtención evidenciaron las posiciones de los diferentes sectores, en el sentido de la utilización que le dan algunos en base a las conveniencias políticas y otros de acuerdo a las campañas mediáticas montadas para sostenerlas.
El único extracto de llamadas que existe en la carpeta fiscal del caso 31M y asesinato de Rodrigo Quintana es el relacionado a los policías que tomaron intervención esa noche y que una vez obtenido ese dato, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos fue construyendo, en su estudio jurídico, el cruce de llamadas de esos policías desde donde saltaron las comunicaciones desde el presidente de la República hasta otros actores de su entorno que esa noche estuvieron en Mburuvicha Róga. Ese trabajo del abogado luego se publica en los medios.
Pero existieron otras publicaciones que se dieron a partir del 13 de noviembre en las que aparecieron cruces de llamadas de personas que sí hablaron el 31M con policías, pero que dichos cruces ya no se pudieron haber obtenido solamente del trabajo del abogado Duarte Cacavelos, sino que alguien proveyó esa información.
Es ahí cuando uno de los afectados solicita a la empresa telefónica explicaciones del porqué se accedieron a sus extractos, sin que los mismos hayan sido solicitados dentro de la causa del 31M y ahí la compañía se encuentra con el hecho de que respondieron un oficio de fecha 20 de octubre del 2017 con la firma y sello de la fiscala Brígida Aguilar en la que se solicitaban los extractos de varios números de personas que nada tenían que ver con la causa invocada para dicha solicitud.
Tras la publicación de nuestro diario del hecho presentado como uso de un documento público para la obtención de datos en forma irregular, la fiscala aparece con la versión de que le fraguaron su firma. Esto derivó a que la agente fiscal Marlene González investigue el caso.
La publicación de este hecho generó la reacción de actores políticos de la oposición como, por ejemplo, la senadora Desirée Masi, quien calificó de delirio lo publicado y cortina de humo para trancar la obtención de los extractos del 31M, que por cierto ellos, ya lo tenían, solo que necesitaban tenerlo formalmente vía judicial o fiscal.
Para sorpresa de la senadora Masi, al día siguiente revelamos otro pedido de extractos de llamadas, también con sello y firma de la fiscala Aguilar, en la que aparecen nombres de varios políticos de la oposición, entre ellos la misma Desirée. Esto generó que la parlamentaria, junto a su marido y el presidenciable Efraín Alegre, con patrocinio de Duarte Cacavelos pidan una diligencia a la fiscala González para esclarecer quiénes pretendieron obtener sus extractos. Para Masi nuestra publicación ya no parecía tan delirante finalmente, porque incluso como prueba de la diligencia planteada, adjuntó el recorte de nuestro diario.
Este es el claro ejemplo de que cuando se consigue información de carácter privado en forma ilegal si sirve para perjudicar al enemigo es válido, pero si le afecta a ellos, es un delito.
De la misma forma que un diario publicó cruces de llamadas de empresarios y políticos, obtenidos en forma ilegal, en la que en base a esos cruces se concluyó que hubo tráfico de influencias u otros delitos, a nosotros llegaron cruces de llamadas del senador colorado Enrique Bacchetta en los que se resalta que habló con por lo menos 60 operadores de Justicia, entre fiscales y jueces, en un lapso de 7 meses, pero, sin embargo, los mismos que calificaron lo otro como tráfico de influencias esos cruces, lo de Bacchetta minimizan y lo presentaron como una situación hasta normal.
El punto clave en esta historia, más allá del cambalache político es que existe un esquema montado que utiliza documentos públicos, aparentemente no auténticos para justificar obtención de información privada y esa información obtenida en esas circunstancias para los enemigos políticos son pruebas irrefutables, pero para los amigos, un atentado a la privacidad. Así no sanearemos la Justicia nunca. Saldrá una claque y volverá otra. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.