Funcionarios de la Cooperativa Fernando de la Mora Ltda. (Coofedelmo), cuyos contratos laborales fueron suspendidos hace casi cuatro meses, denuncian irregularidades en el proceso y hasta una suerte de persecusión laboral por parte del equipo interventor de la entidad designado por el Incoop.

En contacto con La Nación, Mirian Báez, una de las funcionarias afectadas, contó que un grupo de seis funcionarios fueron notificados hasta el momento con la suspensión temporal de contrato, bajo el argumento de la falta de disponibilidad de recursos para abonar los salarios, en el marco de la intervención dispuesta por el Incoop a finales de setiembre del 2016.

"Pero nos dejaron colgados en realidad porque hay compañeros que ya llevan cuatro meses de suspensión y no se les reincorpora ni se les indemniza. Hay compañeros que ya recurrieron al Ministerio de Justicia y Trabajo para denunciar porque hubo irregularidades en el procedimiento para suspendernos", detalló.

Báez también dijo que todos los funcionarios ya intentaron negociar con los responsables de la intervención pero nada se les define. "En realidad desde hace un año que esta situación nos esta afectando, porque antes de suspendernos ya nos habian recortado nuestros salarios por ejemplo. Ademas, cómo es que solo a seis funcionarios nos hacen esto siendo que todavia hay como 40 funcionarios que siguen trabajando y cobrando. Hay como mala intención con nosotros y queremos que se nos defina porque en estas condiciones no podemos siquiera buscar otro trabajo. Y como no nos responden recurrimos ya a esta instancia", añadió.

Cabe mencionar que a la señora Báez le notificaron de la suspensión de su contrato estando ella de reposo por una cirugía, procedimiento irregular en base al Código Laboral. "Me notificaron estando en cama. Ahora no se si voy a poder seguir utilizando los servicios del IPS porque estoy sin trabajar. En todo nos estan perjudicando", lamentó

Por su parte, David Sosa, otro de los funcionarios afectados, dijo a La Nación que resulta muy llamativo que solo a seis funcionarios se les haya aplicado la suspensión, cuando que el resto de los empleados sigue trabajando y cobrando su salario.

"Ya se ha vendido la sede social, se están rematando muebles, equipos, terrenos, un montón de cosas, pero a nosotros no nos definen. Además, el procedimiento de suspensión que hicieron es irregular porque los interventores nos notificaron sin antes comunicar a las instancias correspondientes, como Justicia y Trabajo y el IPS", sostuvo.

Sosa añadió que varios de los afectados son funcionarios con estabilidad laboral. "Hay compañeros que tienen más de 15 años de antiguedad", sostuvo.

La mencionada entidad solidaria esta intervenida por el Incoop desde finales de setiembre del 2016, debido a un faltante de dinero de G. 19.000 millones. Las interventoras designadas son Johana Aveiro y Carolina Nuñez.

Desde la redacción de La Nación se insistió en una comunicación con las mismas, para que expliquen la situación de los funcionarios y de la entidad solidaria. Pero no respondieron a los llamados.

Francisco Valle, abogado del Incoop y asignado también al equipo interventor, dijo a éste medio que no puede dar detalles del caso por no estar autorizado.