Ningún ministro de la CSJ puede integrar la Sala Constitucional para llevar adelante el proceso penal que soporta el ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, debido a las maniobras jurídicas que plantea y que le permiten seguir burlando a la Justicia desde el 2013.

El 1 de setiembre del 2016, la CSJ rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por Filizzola, que solicitó la suspensión de la imputación en su contra por el caso de las comisarías. Los ministros Miryan Peña, Miguel Óscar Bajac y el camarista Cristóbal Sánchez firmaron la resolución judicial.

Una vez resuelta la acción, el expediente de Filizzola debió bajar al Juzgado de Garantía a cargo de la jueza Lici Sánchez, quien debió fijar la fecha para la audiencia preliminar, en la que debía discutirse si el acusado enfrentaría un juicio oral y público.

Sin embargo, esto nunca ocurrió, debido a que la defensa del ex ministro del Interior planteó un recurso de aclaratoria contra la resolución de la CSJ y a su vez recusó a todos los integrantes de la Sala Constitucional, Miryan Peña y Cristóbal Sánchez, quedando así trabado el caso.

El 20 de diciembre del 2016, el propio Rafael Filizzola presentó una nueva recusación, esta vez contra los secretarios de las salas de la CSJ; Julio César Pavón, de la Sala Constitucional; Karina Penoni, de la Sala Penal; Pierina Ozuna, de la Sala Civil. A pesar de que Pavón solicitó el rechazo de la recusación planteada por Filizzola, el expediente debe pasar a la Secretaría Judicial N° 4, a cargo de la actuaria, Norma Domínguez.

Hasta la fecha, no pueden estudiarse las recusaciones pendientes, ni la aclaratoria en la máxima instancia judicial, debido a que ningún ministro puede integrar la Sala Constituciones y destrabar el proceso que soporta Filizzola.

El fiscal Luis Piñánez acusó a Rafael Filizzola y solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público tras comprobar la administración irregular en la construcción -presuntamente innecesaria- de celdas para 24 comisarías de Asunción.

La acusación del Ministerio Público refiere que el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles recomendó el mejoramiento material de las celdas, específicamente las superficies mínimas por personas detenidas, volumen de aire, alumbrado y ventilación; no así la construcción de las mismas.

Conforme a la investigación, la firma Todo Verde Emprendimientos, perteneciente a Alejandro Apolonio Giménez, fue la empresa adjudicada para el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre del 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato.

El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

Por otra parte, la acusación fiscal sostiene que Filizzola no ejecutó las pólizas por el incumplimiento de la entrega de las obras en el plazo establecido, hecho que ocasionó un perjuicio de G. 565.906.250, totalizando así la suma de G. 974.018.563.

En la causa también fueron procesados los funcionarios del Ministerio del Interior, Fernando Sakoda Giménez, Aníbal Muñoz Fernández y Juan Fernández Aguirre.