Desde declaraciones que figuran en las sanciones, pero que no aparecen en el sumario, hasta la negativa a los sumariados de acceder a los expedientes son algunas de las irregularidades que aparecen dentro del proceso sumarial a 10 bomberos amarillos que fueron sancionados por el Tribunal de Justicia del CBVP.

El 21 de enero del 2017, el Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-Amarillo) sacó la Resolución Nº 103, que a estas alturas ya se convirtió en una de las más polémicas de su historia. Mediante dicha resolución, el tribunal decidió expulsar con "degradación" del CBVP a los siguientes bomberos: capitán mayor Emigdio Benítez, capitán mayor César Manuel Manchini, Gustavo Humberto Céspedes, Carlos Daniel Lezcano y capitán mayor Cristhian Fernando Tabares Ocampos. Igualmente, dio de baja con prescripción por 24 meses a otros cinco voluntarios: Diego Arnaldo Viveros Irazusta, Guido Marcelo López, Jimmy Enhart, Rodrigo David Rojas y José Virgilio Rivas.

Estas drásticas medidas obedecen a que todos estos voluntarios participaron de la manifestación del pasado 20 de setiembre del 2016, frente al cuartel general, en Villa Morra. En dicha ocasión, alrededor de 150 bomberos de diferentes compañías se convocaron para exigirle a los miembros del Directorio Nacional que aclaren las denuncias sobre irregularidades que se venían publicando en La Nación. Sin embargo, desde el Directorio, la respuesta fue una denuncia contra todos estos voluntarios.

La denuncia se hizo días después ante el Tribunal de Justicia, que rápidamente abrió sumario contra al menos 39 voluntarios, en principio. Los cargos contra los bomberos eran que actuaron de manera violenta contra los miembros del Directorio, incluso, supuestamente atropellando la institución. La investigación del tribunal entonces se basó, básicamente, sobre la manera en que los bomberos atropellaron la institución y los actos "vandálicos" que realizaron.

La Resolución Nº 103 del tribunal que expulsa y suspende a los 10 voluntarios está firmada por los integrantes Julio Maiz, Luis Manuel Ruiz, Orlando Maciel y Sabrina Ozuna. El presidente Fernando Riveros no firmó porque se lo había recusado. En este documento, se menciona que los integrantes del tribunal analizaron la conducta de cada uno de los sumariados de acuerdo al relato de los hechos por parte de los policías que hicieron la cobertura, como así también en base a los testimonios de los testigos que el tribunal citó.

En su decisión, este organismo dice que los voluntarios que se manifestaron ese día utilizaron móviles de diferentes compañías sin permiso, alentaban a "tomar" el cuartel general y que, una vez estando frente a los miembros del Directorio, emitieron todo tipo de groserías e insultos, principalmente contra el presidente nacional, Rafael Valdez, que tuvo que ser escoltado para llegar hasta su vehículo. "Los hechos aquí relatados fueron noticias a nivel nacional e internacional y se publicaron por todos los medios masivos del país", señala el documento.

El tribunal señala que los bomberos tenían que recurrir a otras instancias para hacer sus reclamos, ya que "se entiende que pueden existir reclamos sobre cualquier órgano institucional" de los bomberos, pero que la actuación de los voluntarios la noche del 20 de setiembre significó un "desprestigio institucional" para el CBVP-Amarillo, por lo que el tribunal considera que la actuación de los voluntarios se halla dentro de lo que se considera una falta grave, atendiendo lo que dicta el reglamento y el estatuto de la institución.

"Este tribunal considera que existen otros mecanismos para realizar los reclamos que los mismos exigen sean aclarados y que debieron utilizar dichos mecanismos de reclamos ante las supuestas irregularidades administrativas, y la misma no ocasionaría ningún perjuicio a la imagen del CBVP", expresa la nota.

Llamativamente, un informe policial contradice totalmente los supuestos actos vandálicos denunciados por el Directorio y que el tribunal tomó para sancionar a los bomberos. El 21 de setiembre del 2016, es decir, el día siguiente de la manifestación, el comisario principal Marcial López, jefe de la Comisaría Sexta Metropolitana, cuyos efectivos tomaron intervención la noche de la movilización, informó a la Fiscalía de turno de que se realizó un acompañamiento a una movilización de bomberos la noche anterior. En ningún momento menciona algún tipo de incidente, según se puede leer en la Nota 719 firmada por el comisario López y dirigida al Ministerio Público.

En efecto, el comisario López se basó en el acta de procedimiento de dicha comisaría, firmada por el oficial Luis Sosa y varios de los bomberos que participaron de la movilización. En el acta tampoco se habla de hechos de violencia.

Otro de los hechos que resultan llamativos del proceso sumarial contra estos bomberos es que varios de ellos, o prácticamente todos, no pudieron acceder al expediente antes de que el tribunal tenga su resolución firmada. Además, en la Resolución Nº 103 se lee que el tribunal toma las declaraciones de varias personas como testigos de lo ocurrido la noche de la manifestación (se nombra a los encargados de las radios de emergencias que estaban de turno esa vez), además de las declaraciones de otros bomberos durante la posterior asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el 12 de octubre del 2016, es decir, luego de los incidentes frente al cuartel.

Sin embargo, en el expediente de la carpeta sumarial las declaraciones de estas personas no aparecen. Solamente se menciona la participación de los mismos como "testigos", pero lo que declararon in extenso no aparece en el sumario.

Mientras el tribunal toma medidas drásticas con sumarios llamativos contra bomberos que exigen transparencia, no muestra el mismo entusiasmo contra los miembros del Directorio que están investigados por la Fiscalía por presunta estafa y utilización de posibles documentos no auténticos. Quienes están imputados hoy son Rafael Valdez, presidente; Miguel Ángel Riera, vicepresidente, y los demás miembros: Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino Rivas, Elías Ramírez Flores, Luciano Florenciáñez Brizuela, Mario Luis Gini, Rolando Valdez, Roberto Bogado Jara (ex miembro), Óscar Tadeo Acuña Castillo y Alberto Meza Zárate.

La Nación inició una serie de notas sobre millonarias irregularidades con respecto al manejo financiero y administrativo del CBVP-Amarillo desde el 19 de setiembre del 2016. A partir de entonces, el Directorio empezó a tomar represalias contra los bomberos que expresaron públicamente el deseo de transparentar la institución.