Matthew Goldstein

Los acontecimientos que llevaron al colapso de Dewey & LeBoeuf, alguna vez uno de los bufetes de abogados más prominentes de Nueva York, están a punto de ser escuchados por segunda vez en una corte estatal en Manhattan.

Los fiscales volverán a tratar de asegurar las condenas de dos ex ejecutivos de Dewey, Stephen DiCarmine y Joel Sanders, casi 15 meses después de que un juez estatal declarara nulo el juicio penal anterior y casi cinco años desde que el bufete de abogados se declarara en bancarrota.

Tanto tiempo ha pasado entre los dos juicios que Zachary Warren, a la sazón un empleado de bajo nivel en Dewey, se benefició este ,es con la desestimación de los cargos criminales en su contra bajo los términos de un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Un tercer acusado en ese primer juicio –Steven H. Davis, ex presidente de la firma– ya lleva un año de un acuerdo de cinco años de enjuiciamiento diferido.

Sin embargo, los fiscales que trabajan para Cyrus R. Vance Jr., el fiscal del distrito de Manhattan, no se atreven y continúan argumentando que DiCarmine y Sanders fueron arquitectos de un enorme esquema de contabilidad que permitió a Dewey defraudar a sus prestamistas y acreedores durante gran parte de la crisis financiera.

La selección del jurado comenzó el lunes en la Corte Suprema del Estado de Nueva York y los fiscales han sugerido que el segundo juicio podría no ser mucho más corto que el procedimiento anterior, que duró cinco meses. Terminó con jurados incapaces de llegar a un veredicto unánime después de 21 días de deliberaciones.

Durante el primer juicio, algunos miembros del jurados dijeron que la duración de los procedimientos y el número de cargos –más de 100 contra los tres acusados– habían hecho difícil llegar a un veredicto unánime.

Esta vez, se espera que los fiscales presenten la mayor parte de la misma evidencia y llamen a los mismos testigos. Pero al menos los integrantes del jurado tendrán que considerar menos cargos contra DiCarmine, el ex director ejecutivo de Dewey, y Sanders, ex director financiero de la firma.

El caso contra ambos hombres –anunciado con mucha fanfarria por Vance en marzo del 2014– se ha reducido a solo dos cargos criminales y a un delito menor. El juez de primera instancia, Robert M. Stolz, descartó los cargos más graves contra los dos acusados en febrero.

En el primer juicio, el jurado absolvió a los acusados de una serie de cargos de nivel inferior antes de bloquear los restantes. Los fiscales posteriormente desestimaron otros por su cuenta.

Pero incluso con los cargos disminuidos, DiCarmine, de 60 años, y Sanders, de 58, podrían ser sentenciados a cuatro años de prisión si fueran condenados por la acusación más grave: fraude con valores.

Los abogados de ambos hombres, en vísperas de la selección del jurado, argumentaron de manera algo predecible de que existía persecución de la fiscalía contra sus clientes. Andrew J. Frisch, el abogado de Sanders, dijo que los fiscales se habían obsesionado en mantener a alguien responsable del colapso de Dewey y "simplemente no lo dejarán ir". Rita Glavin, abogada de DiCarmine, expresó una frustración similar y dijo que la decisión de realizar un segundo juicio fue "una tragedia y una injusticia".

El segundo juicio tiene lugar con mucha menos exposición pública que el primero, que fue observado de cerca por la comunidad legal de Nueva York. El procesamiento de los ex ejecutivos de Dewey fue uno de los primeros casos de guante blanco que logró Vance, cuya oficina tiene un registro mixto en los juicios de alto perfil.

El proceso penal ha puesto fin a un juicio paralelo que la Comisión de Valores y Bolsa presentó contra DiCarmine y Sanders. Esta instancia sostiene que los dos hombres y otros en Dewey indujeron a los inversionistas en una oferta de bonos que Dewey utilizó para financiar sus operaciones.

Es probable que el nuevo juicio vuelva a presentar testimonios de varios ex empleados del departamento de contabilidad de Dewey que se declararon culpables de cargos de delito menor en la primera etapa de la investigación. Y una vez más, el testigo estrella de la fiscalía será Frank Canellas, el ex director financiero de la firma.

Canellas testificó acerca de las conversaciones que mantuvo con Sanders a finales del 2008, incluyendo una cena en un restaurante de Manhattan, sobre maneras de manipular los libros financieros de la firma. Pero Canellas también testificó que nunca había dicho nada directamente a DiCarmine o a Davis acerca de alguna maniobra impropia de contabilidad que se estuviera usando en la firma.

Como parte de su acuerdo de cooperación, Canellas se declaró culpable de un delito mayor de robo y los fiscales acordaron recomendar una sentencia de dos a seis años de prisión. Pero en octubre, los fiscales permitieron a Canellas renegociar y presentar una nueva declaración de culpabilidad por esquema para defraudar, una acusación mucho menor, y acordaron reducir a la mitad el tiempo recomendado en prisión.

La oficina de Vance ha sostenido que el acuerdo revisado de la sentencia solo era justo a la luz de la decisión del juez Stolz después del juicio donde se desestimaron los cargos de robo contra DiCarmine y Sanders. Los fiscales dijeron: "Permitimos al Sr. Canellas retirar su declaración anterior y declararse culpable de un crimen que coincida con su conducta".

Los abogados de DiCarmine y Sanders habían reclamado que se les debería permitir interrogar a Canellas sobre su argumento revisado durante el interrogatorio. El juez Stolz coincidió el lunes con la moción de los acusados.

No se espera que DiCarmine y Sanders, que no testificaron en el primer juicio, tomen la palabra esta vez.

Davis, que no testificó en el procedimiento anterior, es poco probable que sea llamado como testigo por cualquiera de las partes. Está viviendo en Londres, fuera de la jurisdicción de la corte.