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Si se mira hacia arriba desde el bullicio de los turistas de invierno que se agolpan por las calles de Barcelona, se pueden ver algunos balcones cubiertos con la "estelada", una mezcla de las banderas catalana y cubana que se ha convertido en el estandarte de aquellos que quieren la independencia de Cataluña.

Hay menos que las vistas hace algún tiempo, pero todavía bastan para tener presente la promesa del gobierno regional catalán de celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de España en este 2017. Como el gobierno español se niega a siquiera considerar tal voto, un enfrentamiento parece inevitable.

De hecho, ya ha comenzado. Unos 300 funcionarios catalanes enfrentan a casos judiciales por burlarse de la ley, en actos que van desde un esfuerzo unilateral anterior en el 2014 para organizar un voto de independencia a pequeñas protestas como hacer flamear la "estelada" en los ayuntamientos o sedes municipales. El presidente de la Generalitat – el gobierno catalán –, Carles Puigdemont, promete impulsar este verano (boreal) las "leyes de desconexión", que incluyen a la creación de su propia agencia tributaria, antes de celebrar un referéndum, probablemente en septiembre. Su coalición proindependencia tiene mayoría en el parlamento catalán.

Sin embargo, el 14 de diciembre, el Tribunal Constitucional español advirtió a la Generalitat que el referéndum sería ilegal. España podría enfrentar un desafío sin precedentes a su constitución democrática.

¿Cómo se ha llegado a esto?

La constitución española de 1978 dio a Cataluña, una de las regiones más prósperas del país, más autonomía que casi a cualquier otra parte de Europa. La Generalitat controla no sólo las escuelas y los hospitales, sino también la policía y las prisiones. Ha hecho del catalán el idioma principal de la enseñanza. Con Jordi Pujol, el hábil cacique nacionalista moderado que gobernó la Generalitat de 1980 al 2003, Cataluña se sintió satisfecha con ese acuerdo, aprovechando sus votos en el parlamento de Madrid para lograr aumentos graduales a sus poderes e ingresos.

Dos cuestiones complicaron las cosas. La primera fue cuando el Tribunal Constitucional, en el 2010, diluyó un nuevo estatuto de autonomía, el cual reconocía el sentido de nacionalidad de Cataluña y le concedía poderes legales adicionales a la Generalitat. Había sido aprobado por referéndum en Cataluña y por el parlamento español.

El segundo factor fue la crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria española en el 2008. En el 2012, manifestantes contra la austeridad comenzaron a culpar de ello a Madrid, más que a Artur Mas, el sucesor de Pujol. El apoyo a la independencia aumentó de menos del 25% a más del 45%.

"La sociedad se movió hacia posiciones más radicales", dijo el historiador Joan Culla.

Otros interpretan que fue una cuestión inducida, al menos en parte, por la propia Generalitat, con su dinero y poderosa máquina de comunicaciones. Permitió a los nacionalistas mantener el poder, a pesar de los recortes presupuestarios y las revelaciones de que, durante décadas, habían obtenido tajadas en los contratos públicos.

La sociedad catalana sigue dividida.

"No hay números para avanzar (hacia la independencia)", dijo Jordi Alberich, del Cercle d'Economia, un grupo empresarial, "pero hay suficiente para hacer mucho ruido".

Este enfrentamiento ha sido políticamente rentable, no solo para los nacionalistas catalanes, sino también para el primer ministro de España, Mariano Rajoy, y su conservador Partido Popular. Su firme defensa de la unidad territorial del país es aceptado en la mayoría de los lugares fuera de Cataluña. Durante años Rajoy no hizo nada para responder a las demandas catalanas, algunas de las cuales están justificadas. Cataluña aporta más al tesoro central de lo que le retornan y sus sistemas de transporte han sido descuidados, mientras que Madrid tiene elegantes líneas de trenes subterráneos y un exceso de autopistas.

Sin embargo, el cansancio con el punto muerto adonde llegó esta situación se ha enraizado, tanto en Barcelona como en Madrid. El mes pasado Rajoy puso a su diputada, Soraya Sáenz de Santamaría, a cargo de la cuestión catalana. Ella está tanteando el terreno con la Generalitat. Puigdemont, por su parte, ha publicado una lista de 46 puntos para negociar. Comienza con el "referéndum vinculante".

No es difícil adivinar los contornos de un acuerdo. Rajoy podría ofrecer concesiones en financiamiento e infraestructura. Más polémicamente, podría proponer reconocer la lengua catalana o que Cataluña es una nación dentro de España.

El tema más difícil es el referéndum. No es momento de contemplar ningún tipo de plebiscito con ecuanimidad. Los nacionalistas catalanes dicen ser pro-europeos ejemplares, pero hay muchos ecos del Brexit en Cataluña. En lugar de Bruselas, los nacionalistas acusan a Madrid de robar el dinero de los catalanes. Argumentan que la independencia sería rápida y fácil.

"El gran crecimiento en el apoyo a la independencia, desde el 2012, fue la primera manifestación del populismo en España", dijo el escritor Javier Cercas, que vive en Barcelona.

Puigdemont insistió en que el bloqueo del referéndum "sería una mala noticia para la democracia". Está dispuesto a negociar su calendario, pero se muestra firme en lo que hace a su realización.

"No vamos a renunciar fácilmente", sostuvo. "Creo que nos hemos ganado el derecho a ser escuchados", añadió.

Algunos en Barcelona creen que los líderes de la Generalitat buscan una manera digna de retroceder. Puigdemont habla también de elecciones "constituyentes" para fundar un nuevo estado. Sin embargo, su partido, empañado por la corrupción, puede darse mal. La variante catalana del partido izquierdista español Podemos, que ya dirige el gobierno de la ciudad de Barcelona y está formando un nuevo partido más amplio, probablemente ganará terreno. Quiere que Cataluña forme parte de una España "plurinacional", una fórmula ingeniosamente vaga.

"¿Ser parte de España es un problema en la vida cotidiana de los catalanes?", preguntó Inés Arrimadas, de Ciudadanos, un partido antinacionalista que lidera la oposición en el parlamento catalán. "Para nosotros, los problemas de Cataluña son el desempleo, la pobreza y la corrupción", apuntó.

Cuanto más dure el estancamiento, Puigdemont tendrá más dificultades para persuadir a los catalanes de lo contrario.