Tras la investigación de La Nación que divulgó las irregularidades en las rendiciones de cuenta del directorio de la mencionada institución publicadas a partir de setiembre último, el Ministerio Público imputó a las principales autoridades del CBVP el pasado 23 de noviembre y desde hoy empezarán a presentarse ante el magistrado. Los primeros convocados son Rafael Valdez, presidente del Cuerpo, a partir de las 9:00,y Miguel Ángel Riera Manzoni, miembro del directorio, desde las 10:00. Ambos están imputados por presunta estafa y producción de documento no auténtico en el marco de la investigación por las irregularidades denunciadas en la citada institución.

El representante del Ministerio Público, Ángel Ramírez,pidió al juzgado la aplicación de medidas alternativas para cada uno de los imputados entre las que se encuentra la prohibición de cambiar de domicilio, la comparencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial y otros. Sin embargo, resulta llamativo que la Fiscalía no haya solicitado que los 11 imputados ya no puedan acercarse al local del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-Amarillo), una medida que se considera vital, teniendo en cuenta que todavía hay mucho dinero público manejado por este directorio. No obstante, el magistrado Amarilla puede tomar dicha determinación y prohibir a los procesados que ingresen a la institución hasta tanto dure el presente proceso penal.

El próximo 11 de enero deberán comparecer ante el juzgado penal de Garantía los miembros del directorio CBVP Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino y Luciano Ramón Florenciáñez. El 18 de enero, le toca el turno al imputado Mario Luis Gini.Al día siguiente, el 19, tendrá que presentarse ante el juez el procesado Elías José Ramírez. Asimismo, los imputados Rolando Manuel Valdez y Roberto Bogado Jara, tienen cita para el 24 de enero y por último, Óscar Tadeo Acuña y Ramón Meza comparecerán ante el juez el 25 de enero.

En la imputación fiscal sepuede observar que uno de los elementos que toma la Fiscalía tiene que ver con la compra de equipos "fantasma" que hizo el directorio en el 2015, por unos G. 967 millones,de la empresa Circumpunto SRL, firma que pertenece a Daniel Aquino Rivas, comandante de los bomberos y miembro del directorio. Este caso fue justamente el primero de una serie de publicaciones que inició La Nación Investiga a partir del 19 de setiembre del año pasado.

En el acta se menciona igualmente la posibilidad de que existan documentos no auténticos, aunque el fiscal Ramírez aclaró posteriormente a La Nación que no se tiene aún certeza si estas documentaciones con contenido falso fueron creadas por los miembros del directorio, pero lo que sí se tiene como indicio suficiente para imputarlos, es que se utilizaron estas documentaciones para justificar sus balances de años anteriores.

Atendiendo la complejidad de este caso y ante la serie de denuncias que fueron apareciendo sobre el manejo irregular en la administración de los bomberos por parte del directorio, esto derivó en que finalmente la Fiscalía tenga que analizar 8 tomos con documentaciones, para luego ir definiendo las falencias que ameriten una imputación, que pueda dar paso a volver a insistir en la investigación por un periodo de seis meses, una vez que el juzgado acepte el proceso penal contra el directorio.

La imputación llegó más de dos meses después de la primera publicación de La Nación, en la que se mostró la venta "fantasma" de Circumpunto SRL al directorio. Posteriormente, la serie se fue extendiendo gracias a decenas de denuncias que fueron aportando voluntarios de todo el país hasta la redacción del diario.

Dentro de lo que La Nación publicó, se evidencia que existía todo un sistema que permitía un manejo sin control del dinero que los bomberos de todo el país recaudaban cada año, además de las donaciones y de los aportes que el directorio recibía cada año por parte del Estado paraguayo.

El sistema incluía la modificación de balances de algunas compañías, el uso de facturas con contenido falso para justificar gastos, entre otra serie de procedimientos financieros llamativos. Uno de los casos tiene que ver con la Municipalidad de Caazapá,que en agosto del 2014 pagó G.35 millones para llevar a su ciudad una ambulancia conseguida gracias a gestiones de la compañía local de bomberos. Sin embargo, el Directorio Nacional hizo figurar dicho monto en su rendición de cuentas ante Hacienda.

Al parecer, el directorio utilizaba este sistema como un modus operandi, ya que en el balance presentado ante Hacienda aparecen decenas de facturas que fueron pagadas con dinero de las compañías o por entidades ajenas a la institución. Por ejemplo, aparecen documentos de ambulancias y carros hidrantes,cuyos costos de traslados fueron financiados por entidades ajenas al CBVP-Amarillo, pero que aparecieron enl os balances que el directorio presentaba ante el Ministerio de Hacienda.

Como entidad sin fines de lucro, los bomberos reciben un aporte estatal que deben justificar cada año. En ese sentido, desde el 2014 hasta fines del año pasado, Hacienda le transfirió a los bomberos amarillos unos G.10.100 millones.