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El destino de 42 familias israelíes, que viven en una colina barrida por el viento en Cisjordania, a media hora en automóvil al norte de Jerusalén, podría cambiar las reglas que hace 49 años rigen la ocupación de la zona por Israel.

El asentamiento fue construido en 1995 en lo que era, de hecho, propiedad privada en tierra palestina. Los colonos afirman que no estaban al tanto de esto, lo que puede ser cierto, ya que los registros de tierras en Cisjordania no siempre son claros o completos y muchos de ellos se remontan a la época otomana.

A pesar de que el Tribunal Supremo emitió una orden para desalojarlos este 25 de diciembre y a pesar de las reiteradas ofertas del gobierno para mudarse a viviendas alternativas cercanas, los colonos se niegan a ceder lo que ven como sus hogares en territorio históricamente judío. Han prometido no usar la violencia cuando las fuerzas de seguridad vengan a cumplir con el mandato de desalojo, pero grandes carteles con leyendas como "En Amona vamos a ir a la guerra" y docenas de colonos jóvenes que ya han llegado como refuerzos sugieren lo contrario.

Esto pone a la coalición del primer ministro Binyamin Netanyahu en un aprieto. Los miembros de la extrema derecha, el partido Jewish Home, amenazan con abandonar la coalición si Amona es desalojada a la fuerza, lo que podría costar a Netanyahu su ajustada mayoría en la Knesset, donde Jewish Home tiene ocho legisladores y la mayoría del primer ministro sólo tiene seis. El gobierno está luchando para llegar a un acuerdo con los colonos mientras sigue la cuenta regresiva.

Sin embargo, incluso si se desactiva el conflicto en Amona, para llegar hasta aquí Netanyahu se vio obligado a aplacar a su línea dura al apoyar una propuesta de "Ley de Regulación" para asentamientos construidos en circunstancias similares. Su objetivo es legalizar retroactivamente la expropiación supuestamente accidental de tierras de propiedad privada en Cisjordania, en la que algunos asentamientos judíos ya se han construido, y obligar a los propietarios legales para aceptar cualquier compensación financiera o tierra alternativa.

Esta ley no regirá para Amona, excluida específicamente, pero podría afectar a más de 2.000 edificios, algunos en pequeños "puestos de avanzada" y otros en los asentamientos urbanos más grandes. Es visto por los colonos como un gran logro.

Naftali Bennett, el líder del Jewish Home y partidario de los colonos, dejó en claro sus motivos la semana pasada, cuando dijo que la ley es un paso hacia la anexión formal de partes de Cisjordania, un objetivo a largo plazo de muchos de la línea dura . Esto contradice la posición declarada de Netanyahu de favorecer a un acuerdo para reconocer dos estados separados para israelíes y palestinos. Israel aplica sus leyes a la parte oriental de Jerusalén, capturada de Jordania en la Guerra de los Seis Días (en 1967), pero hasta ahora se ha abstenido de anexar otras partes de la Ribera Occidental.

La Convención de Ginebra dice que una "potencia de ocupación no podrá efectuar la evacuación o el traslado de su población civil al territorio que ocupa". Israel dice que esto no se aplica a Cisjordania, ya que no pertenecía a un estado soberano porque el territorio no era oficialmente parte del Jordán. También dice que la convención no se aplica a los colonos judíos que están allí voluntariamente, en lugar de haber sido deportados o transferidos. La mayoría de los abogados internacionales rechazan esta interpretación. Incluso los aliados más cercanos de Israel, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, consideran los asentamientos como ilegales.

Algunos ven la Ley de Regulación como la primera vez que Israel está ejerciendo abiertamente la soberanía sobre Cisjordania.

"La ley es efectivamente una medida de anexión de Cisjordania, contrariamente a la afirmación de larga data de que Israel no se dedica a la anexión", dijo el profesor Yael Ronen, del Centro Sha'arei Mishpat de Derecho y Ciencia. "Es una ley que declara expresamente que su objetivo es el desarrollo de los asentamientos en Judea y Samaria".

Otros están en desacuerdo. Ellos insisten en que la regularización de los asentamientos no implica la anexión de la tierra sobre la cual están construidos, sino que simplemente permite a los colonos vivir sin temor al desalojo, por ahora. Si alguna vez se llegara a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, muchos de los asentamientos aislados, sin duda, tendrían que ser abandonados, con o sin desalojo forzoso.

Aunque obligado por restricciones políticas a ordenar a toda su coalición a votar por la ley, Netanyahu está claramente preocupado por sus implicancias legales y diplomáticas. Los gobiernos de todo el mundo ya la han condenado de antemano.

Hasta ahora sólo tuvo lugar su primera lectura. Incluso si pasa las dos votaciones restantes, sin fecha todavía, bien podría ser calificada como inconstitucional por el Tribunal Supremo. El fiscal general ha dicho que va a negarse a defenderla en los tribunales.

Netanyahu está tratando de evitar peleas con los colonos, con su coalición, con la Corte y con sus aliados extranjeros. Por de pronto, sin embargo, él está en curso de colisión con todos ellos.