Conforme al estudio realizado por la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda, de entrar en vigencia la Ley que plantea la reforma del salario mínimo, el reajuste no deberá darse para todo el funcionariado público, sino solo para algunos sectores cuyas remuneraciones, por carácter legal, están vinculadas a la variación del salario mínimo como los que perciben los policías y militares.
Desde el fisco no acompañan extender el aumento para todos los estatales, considerando que los datos estadísticos dan cuenta que el salario promedio del sector público creció más que el del privado y por encima de la inflación en los últimos años.
En el mismo sentido, el análisis contempla que las variaciones acumuladas desde el 2004 hasta octubre de 2016, indican que la inflación creció 87%, el salario público promedio 158% y el salario privado promedio solo 54% en el mencionado período de tiempo.
Si la Ley es sancionada y promulgada, el Estado deberá hacer frente a recursos adicionales por US$ 50 millones, siempre que solo se incluyan a las fuerzas públicas. Mientras que si el aumento se da de forma indiscriminada, el costo fiscal rondará los US$ 200 millones, monto, que según el análisis, irá en detrimento de otros programas presupuestarios, presionando a un mayor déficit fiscal.
El economista Diego Duarte Schussmuller dijo que el Congreso Nacional debe tener mucho cuidado en el momento de tomar decisiones sobre el aumento salarial, teniendo en cuenta el fuerte impacto que tendrá en el balance fiscal.
"Hay que considerar que son gastos permanentes que precisan de ingresos permanentes. Es muy fácil subir los salarios pero después de ¿dónde se quitan los recursos? Lo que se logra es aumentar el déficit fiscal con mayor endeudamiento", explicó.
PREVISIBILIDAD
El proyecto de Ley "Que modifica el Artículo 255 de la Ley 216/93, Código del Trabajo y deroga el Artículo 256 del mismo" tiene por objetivo establecer una regla previsible para los ajustes del sector privado, cuyo mecanismo utilizado actualmente, se encuentra totalmente desfasado.
El informe expresa también, que la propuesta apunta a mantener estable el salario real de los trabajadores afectados, permitiendo a las empresas una mayor previsibilidad en la planificación de costos y proyectos de inversión, sobre todo en un escenario de inflación estable, como ocurre en Paraguay.
Además, las empresas tendrían una visión más clara y precisa de los ajustes que deberán hacer anualmente a sus costos laborales, así como lo hacen con otras variables como el combustible, los servicios, los insumos, el tipo de cambio, las materias primas, alquileres, etc.
De acuerdo con el mismo análisis, la propuesta no constituye un ajuste automático, sino lo que plantea es que cada año la comisión de salario mínimo, conformado por representantes del sector obrero, sector patronal y del Gobierno se reunirá y analizará las condiciones económicas y la inflación para eventualmente proponer o no un ajuste de la remuneración básica.