La defensoría del Pueblo entró en una etapa de reconstrucción. El cargo fue ocupado por Manuel María Páez Monges, quien fue el primer designado desde la creación de la institución en el 2001. El periodo de tiempo que debía estar era de 5 años, pero continuó en el cargo hasta la designación del nuevo, Miguel Ángel Godoy.

Al asumir, Godoy aseguró que se encontró con una institución prácticamente en ruinas, con un presupuesto que solo alcanza para el pago de salarios a sus funcionarios. Además, dijo que detectó presuntos hechos de corrupción en el pago a supuestas víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, que llegaría a los G. 5.000 millones.

Ahora el nuevo Defensor está abocado a localizar a 21 funcionarios contratados que debían cumplir funciones en las sedes del interior del país. Hasta ahora no pudo dar con ninguno de ellos.

Godoy solicitó a la Contraloría una auditoría interna, y anunció que llevará los antecedentes a la Fiscalía y formulará una denuncia en contra del ex titular Páez Monges.

Ante las numerosas irregularidades denunciadas por Godoy, el ex defensor Páez Monges envió una nota a la Cámara de Senadores, que tuvo entrada en el plenario en la sesión del jueves. En la misma, brinda explicaciones sobre los motivos por los cuales no pudo realizar una inversión importante en infraestructura. Alegó el bajo presupuesto que Hacienda le asignaba a la institución cada año.

"Si no se ejecutaron trabajos de refacciones y adquisición de bienes y servicios, fue porque el Presupuesto Nacional no incluyó dinero para dichos trabajos y adquisiciones. Durante el desempeño de mis funciones solicité tanto al Ejecutivo como al Legislativo los rubros para las necesidades de la institución", expresa parte de la misiva firmada por Páez.

En cuanto al supuesto pago irregular que se otorgó a víctimas de la dictadura, señala que no se hizo ningún tipo de impugnación por parte del Ejecutivo, sí es que consideraba alguna irregularidad en el expediente.