• Por Antonio Carmona

El 11 de octubre del 2001 fue dictada la ley que establecía la Defensoría del Pueblo. Nueve años después, fue designado el primer Defensor, en realidad, el segundo, porque el primero renunció por falta de recursos, es decir, el único hasta que en noviembre del 2016, fue nombrado el recambio que estuvo postergado por una larga década de dudosa legalidad administrativa, ya que se dilataron las decisiones y el funcionario siguió teniendo atribuciones, cuando ya no le correspondían.

Durante esta larga administración institucional irregular, se denunciaron escándalos y derroches, evidentes malversaciones y hasta abusos en la distribución del dinero que debía estar destinado a las víctimas de la dictadura. Es decir, que la honorable institución del Ombudsman, del defensor del Pueblo, mundialmente consagrada, pasó a constituirse en una oficina de administración sin control, de prebendas y despilfarro del dinero público; defensora de los intereses de una administración absolutista, actuando a capricho. Al mejor estilo de la dictadura: mandamos y hacemos lo que queremos.

La pregunta que cabe formular, y que creo que la opinión pública ha venido formulándose durante esta larga década de ignominia es ¿Cómo pudo la institución defensora del Pueblo seguir actuando y despilfarrando fondos públicos durante todo este tiempo, sin estar ajustada a derecho, salvo por ese que consagra la inercia de la inoperancia: porque sí, porque ante la falta de control, de nombramiento de un nuevo contralor, la calesita siguió girando y llegamos hasta la fecha, en que tras varias operaciones de alianzas y transacciones, se logró el consenso para nombrar a un reemplazante del Defensor eterno, en este caso, sin Stroessner, pero a imagen y semejanza.

¿Por qué pudo darse esta situación tan irracional y hasta disparatada; por la sencilla sin razón de que en el Congreso no pudieron ponerse de acuerdo para la nominación del posible sucesor de Páez Monges, con lo que siguió siendo un "mandamás eterno", por falta del funcionamiento de la institución democrática que debía evaluarlo, destituirlo y nombrarle sucesor.

• Si durante el estronismo se mantenía a funcionarios con poder absoluto, por orden superior del Ejecutivo, en esta época democrática se sigue manteniendo a funcionarios por falta de acuerdo, de capacidad ejecutiva, llamémosle desorden y falta de capacidad de concertación, en el Legislativo.

En fin, Si durante el stronismo se mantenía a funcionarios con poder absoluto, por orden superior del Ejecutivo, en esta época democrática se sigue manteniendo a funcionarios por falta de acuerdo, de capacidad ejecutiva, llamémosle desorden y falta de capacidad de concertación, en el Legislativo.

Hizo falta que una carambola, de esas que sólo el azar y la habilidad de algunos políticos logran materializar, para que inesperada y fortuitamente se lograra el cambio.

¿Puede asombrarnos que al asumir el nuevo Defensor, se encontrara con que estaba ante una institución en ruinas, con una catastrófica administración?

No, era un crimen de lesa administración pública previamente anunciado por los medios durante esta larga década, en que el primer Ombudsman se convirtió en el único Ombudsman, el único líder de su estancia pública donde podía hacer y deshacer a su antojo, mientras los partidos con representación parlamentaria se disputaban el cargo y el presupuesto que él manejaba a su antojo.

Es de desperar que en el Congreso se afine la capacidad de negociación para tantos temas pendientes, por tiras y aflojes para imponer al candidato propio, "tovale la ovaléva".

Lo que resulta sorprendente es que el sucesor haya llegado a la saqueada e indefensa Defensoría y haya decidido poner las cuestiones en regla y de acuerdo a ley.

¡ojalá que siga adelante!

Será justicia.