El Gobierno anunció el último viernes que un consorcio de dos empresas extranjeras (la española Sacyr y la portuguesa Mota-Engil) junto con la paraguaya Ocho A era el adjudicado para ejecutar la importantísima obra que duplicará las calzadas de las rutas 2 y 7. Una obra que tendrá una inversión total de 520 millones de dólares y una concesión de 30 años.

La 2 y la 7 son dos vías fundamentales que integran el eje que une la capital, Asunción, con la rica zona este del país, una región con un gran potencial y un factor decisivo en la economía local; por tanto, este es un emprendimiento que beneficiará a miles de personas que habitan en las ciudades emplazadas a lo largo de estas dos rutas estratégicas.

Las condiciones a nivel macroeconómico del Paraguay se mantendrán favorables hasta por lo menos 10 años más según el Banco Central, y es por ello que las inversiones en materia de infraestructura deben ser acordes al desarrollo que experimentará la República. Por esta razón, esta obra de casi 150 kilómetros de extensión es clave no solo para el desarrollo de la zona comprendida, sino para el resto del país que experimentará beneficios en su red vial.

• La APP simplemente viene a ratificar que para que el país pueda crecer, desarrollarse, pasar a constituirse en el hogar de todos los paraguayos, es necesario el aporte de la inversión privada, pero con reglas públicas transparentes y sujetas a fiscalizaciones.

La duplicación de las rutas 2 y 7 representa además un hito, pues es la primera concreción bajo la modalidad de la Ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios del Estado (Ley 5.102/13), más conocida como la Alianza Público-Privada (APP), que es una poderosa herramienta que el gobierno de Horacio Cartes –impulsor de esta normativa– espera que sea el acceso fundamental para lograr el desarrollo del país.

El Estado es consciente de sus limitaciones y de que ya no puede ofrecer soluciones para todos los problemas y las necesidades que arrastra de décadas de desidia o de omisiones. Es por esta razón que abre el campo de acción a la inversión privada, así como lo han hecho de manera exitosa otros países de la región con medidas similares que han disparado para arriba los niveles de progreso.

A las antiguas dificultades, a aquellos enormes obstáculos a los avances, hoy esta alianza de progreso, en la que ambas partes salen beneficiadas y fortalecidas, se ha convertido en una genuina ocasión para avanzar.

Pero el compromiso del Estado paraguayo en la aplicación de las APPs debe hacerse con responsabilidad y con prudencia; su aporte debe ser complementario sin pretender reemplazar la ya mediana inversión pública en esta materia, tomando provecho de la inversión proveniente desde el sector privado. No cabe duda que la empresa privada puede proveer con mayor solvencia y quizás mayor eficiencia la ejecución de ciertos servicios o proveer de infraestructura acorde, pero el Estado debe insistir en su rol de contralor y de gestor de las reglas de juego como autoridad pública.

No cabe duda que con el actual escenario económico mundial es apremiante una mayor conexión entre el sector público y el privado para afrontar los actuales retos y consolidar los avances, en especial en cuanto a aquellos aciertos alcanzados en la reducción de la pobreza y las desigualdades.

La alianza público-privada, que podría sumar la próxima semana el proyecto de ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi, simplemente viene a ratificar que para que el país pueda crecer, desarrollarse, pasar a constituirse en el hogar de todos los paraguayos, es necesario el aporte de la inversión privada, pero con reglas públicas transparentes y sujetas a fiscalizaciones.

El mensaje claro que traen inherentes las APPs es que representan una formidable oportunidad para el desarrollo. Paraguay está en un momento crucial de su historia y en que el verdadero progreso solo podrá ser alcanzado con el aporte de todos.