Pocas veces una iniciativa de gobierno trasunta el período presidencial para el que recibió el mandato de gobernar. Los motivos casi siempre tienen que ver con mezquindades políticas, falta de visión o intereses ajenos. Hay otros, sin embargo, que por la naturaleza y el fin para los que fueron concebidos se han convertido con el correr del tiempo en políticas de gobierno.

Esto ocurre con el programa Tekoporã, una iniciativa creada hace más de 11 años, que ha traído considerables beneficios para la población, especialmente para aquellas personas que viven entre las franjas más vulnerables. Este programa, cuya implementación bajo la administración Cartes ya es el cuarto gobierno que la promueve, lo administra la Secretaría de Acción Social (SAS), que esta semana realizó un balance de estos casi 12 años de gestión.

En la rueda de prensa que realizó el titular de SAS, Héctor Cárdenas, éste informó que bajo este programa hubo un incremento del 70% de beneficiarios con relación a las cifras del año 2013. El Programa Tekoporã protege actualmente a 132.760 familias en 226 distritos de los 17 departamentos, de las cuales 14.000 familias pertenecen a diferentes comunidades indígenas.

En lo que atañe a las comunidades nativas, también ha habido un salto exponencial. Cuando la nueva administración de esta secretaría asumió en el 2013, esta iniciativa gubernamental contaba solo con un 3% de la población indígena incluida a Tekoporã. Actualmente, esa cifra se disparó, ya que cuenta con 50% de cobertura para las comunidades indígenas.

Vale la pena recordar cómo comenzó este proyecto 11 años atrás. Este programa de corresponsabilidad, en el que las familias de escasos recursos se comprometen a cumplir ciertos requisitos como escolaridad y programas de vacunación, fue llevado a cinco de los distritos más pobres de los departamentos de San Pedro y Caazapá. Hoy, más de una década después, ya son 226 distritos que reciben la asistencia económica.

Los datos son alentadores y muestran a las claras que la asistencia del Estado ayuda a aliviar las graves falencias que posee la franja de población más desfavorecida. En este sentido, un experto del Banco Mundial, en base a la observación realizada sobre el impacto de Tekoporã, señaló que el programa ha tenido un efecto positivo en la vida de estas más de 132 mil familias que reciben la asistencia, pues se han logrado disminuir los déficits en educación, en cuanto a la permanencia de los chicos en las escuelas y su repitencia, así como en materia de salud, en lo que atañe al déficit de vacunación, por ejemplo.

La apreciación internacional revela además que este programa ha influido positivamente en las familias beneficiadas tras aumentar los controles prenatales y por ende disminuir los casos de muerte materna y neonatal. Así también se ha incrementado la cantidad de matriculados en instituciones educativas.

Los avances en esta iniciativa muestran que el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza "Sembrando Oportunidades", impulsado por el Gobierno Nacional, concebida como una política de Estado, se ha fortalecido con el correr de los años y en especial en la actual administración de Horacio Cartes.

Pero, a pesar de los avances logrados hasta hoy, desde la administración central reconocen que aún falta mucho por hacer. Y el objetivo bajo esta gestión es bastante claro… y posible. La meta es llegar a 140.000 familias beneficiadas, es decir, alrededor de un millón de personas para fin del presente año.

Y para que un programa de esta magnitud funcione adecuadamente y que provoque huellas profundas es necesario que se apliquen otro tipo de políticas públicas, que incentive aún más la educación y los proyectos de salud. Para que se capitalice un mayor impacto y se observe una reducción sustancial de la pobreza es necesario incentivar y promover una mayor calidad de la educación y el acceso a la salud, materias en las cuales tanto en el Gobierno, en general, y los ministerios de Educación y de Salud Pública, en particular, ya están trabajando.

La lección que deja Tekoporã, por otra parte, se refiere a que un buen programa de asistencia pública no es capital exclusivo de un solo gobierno, sino que puede y debe convertirse en una verdadera herramienta de combate a la pobreza.