- Por Enrique Vargas Peña
El Artículo 107 de nuestra Constitución, el principalísimo en materia económica, dice: "Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal".
Aunque los poderes fácticos vienen planteando una notable resistencia a la implementación plena de este Artículo desde 1992 hasta hoy, dicha oposición no le resta fuerza imperativa ni legitima su incumplimiento.
Hay tres elementos del Artículo 107 que están siendo violados por el decreto 5822, que eleva la tarifa que se debe cargar al precio de importación de vehículos usados.
Primero, viola la igualdad de oportunidades entre concurrentes al mercado automovilístico, que son tres, la Cámara de Automotores y Maquinarias (Cadam) que importa vehículos cero kilómetro, la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama) que fabrica vehículos cero kilómetro en Paraguay y el Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU).
El Artículo 107 de nuestra Constitución ordena al gobierno mantener, preservar o construir la igualdad de oportunidades en los diversos mercados económicos. El decreto 5822 tiene el propósito deliberado y expreso de destruirla en beneficio de Cipama. Reitero, primera violación.
Segundo, el decreto tiene por objeto declarado eliminar la importación de vehículos usados, restringiendo la competencia en el mercado. Esto me lo confirmó personalmente en entrevistas radiales el ministro de Hacienda Santiago Peña el 30 de agosto a eso de las 9 de la mañana y el director de Aduanas Nelson Valiente, el 1 de setiembre a la misma hora aproximadamente.
No sé de dónde sacó el Gobierno que tiene potestad de restringir la competencia. No la tiene. Y el decreto 5822 es, tal vez, el más abierto ataque a la libre competencia en Paraguay desde los decretos sobre el combustible, también emitidos por el presente gobierno.