El diputado José María Ibañez, captado el pasado 1 de julio por el reportero gráfico del diario La Nación, respondiendo mensajes vía Whatsapp que presumen de una acción de tráfico de influencia ante la Corte, desmintió a la 970 AM que accionará contra los trabajadores de prensa que captaron le polémica foto.

Ibañez fue sorprendido -en plena presentación de informe del presidente Cartes ante ambas Cámaras del Congreso- en conversación con un supuesto "ahijado politico" de nombre Henry Fernández.

Henry Fernández: "Buen día doctor, quería agradecer tu apoyó. Ya soy Defensor Publicó" (sic).

José María Ibañez: "Bien cara…." (sic). Seguidamente, en la imagen se observa que el diputado escribía: "Estamos en sesión del congreso" (sic).

Otros medios se hicieron eco de la noticia y anunciaban que legisladores de la Cámara de Diputados analizan la posibilidad de presentar un proyecto de resolución que solicite al ministerio Público abrir una carpeta fiscal contra un reportero gráfico y un periodista del diario La Nación.

Entre los mencionados se encuentran; Olga Ferreira, Carlos Portillo, Dionisio Amarilla, Rocío Casco, Clemente Barrios, Bernardo Villalba y otros. Ante esta información, Ferreira también negó que se esté gestionando acciones legales contra la prensa.

La Nación Digital conversó con el Dr. José Fernando Casañas Levi sobre el caso de Ibañez y expresó que no conoce muy a fondo lo sucedido, pero que en principió afirma "es una comunicación privada y que más allá del interés de la investigación periodística -que también es válido- a priori pareciera ser una comunicación del ámbito privado". Agregó que ante la existencia de conflictos constitucionales del ámbito privado y publico, tendría que evaluarse cada caso.

Por su parte, el periodista y abogado. Jose María "Pepe" Costa, mencionó que hay que evaluar las circunstancias y el hecho, además, analizar si esa incursión en la privacidad tiene una causa de justificación.

Sostuvo que considerando quien es la persona (diputado Ibañez) y analizando el contenido, "no es un contenido simplemente privado, sino un contenido de carácter privado que tiene un ámbito de interés publico por tratarse de un intercambio de mensajes entre un diputado y un recientemente designado defensor público".

Agregó también que el contenido del mensaje detalla la designación de un funcionario que hace presumir la existencia de un acto de trafico de influencia, que es un delito de acción penal pública, además de otros delitos, como la intromisión de un miembro de un poder del Estado a otro – un diputado al Poder Judicial- para a través del trafico de influencia obtener la designación de un funcionario público.

"La configuración del hecho en sí, hace que existan numerosos elementos que pueden justificar la incursión en el ámbito privado de este mensaje", sentenció.

En 2011, en un caso de jurisprudencia, la Corte Interamericana de DD.HH. falló a favor del medio Noticias por una demanda del expresidente Carlos Menem. En esa ocasión, una de las claves se basó en la "prohibición de censura previa", detalla que la Constitución y los tratados internaciones prohíben la censura previa; por eso, no se puede interferir en lo que va a publicar un medio que es de interés público.