• Eddie Ramón Jara Rojas (43) fue elegido por el presidente Horacio Cartes para manejar Petropar en reemplazo de Catherine Vargas. Jara Rojas proviene del sector privado, es licenciado en Contabilidad, e ingresó al Estado en el 2013, fue gerente financiero de la Industria Nacional del Cemento (INC).

POR: CARLOS ALBERTO GÓMEZ @CarlosGomezPy

FOTOGRAFIA: Aníbal Gauto.

A pesar de ser joven, sabe perfectamente dónde se metió, es consciente de que existe una herencia muy pesada que ha marcado institucionalmente a Petropar: la corrupción.

Jara asegura que eso es evidente mirando los números que manejó históricamente la empresa estatal y se debe también a otro factor, quizás potenciado deliberadamente por el primero, ausencia total de gestión.

Llega tras el escándalo de corrupción que generó la intensión de adquirir garrafas sobrefacturadas para incursionar en el negocio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), intercambio que según el nuevo presidente se está replanteando, ya que la empresa no está en condiciones de invertir tanto dinero para comprar 200.000 envases, pero no debe descartar el mercado potencial que puede llegar a consolidar, gracias a un acuerdo de suministro con Bolivia, que hoy está siendo analizado en el Congreso.

Pero hoy la atención se centra sobre la respuesta que da nuestro país a la deuda con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), al respecto, Eddie Jara se aferra estrictamente a la vigencia del Acuerdo Energético de Caracas, suscripto en el 2004, para la búsqueda de una solución al tema de la deuda que la petrolera tiene con Venezuela, que recientemente exigió el pago de US$ 287 millones.

–¿Acuerdo energético de Caracas, fue conveniente o no para el Paraguay?

–Todo acuerdo que exprese de manera taxativa que la controversia entre los estados partes será resuelta de manera amistosa, que fije una tasa máxima anual del 2%, es muy bueno. Se suponía que este tipo de convenio le ayudaría a Paraguay a acceder a un producto de primera necesidad a un precio mucho más conveniente. Finalmente este tipo de acuerdo habilitó al Estado la posibilidad de saltarse todo el proceso licitatorio nacional, entonces se supone que decidís eso para acceder a productos de muy buena calidad y un muy buen precio.

–¿En qué momento dejó de ser favorable para nuestros intereses?

–El acuerdo nunca deja de ser favorable para el país, aunque los contratos de compra-venta, que derivan del Acuerdo Energético de Caracas, hayan determinado alcances diferentes, dichos documentos no eliminan el espíritu de origen del trato entre naciones. Las condiciones no pudieron haber escapado del acuerdo internacional entre la República del Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela. –¿Para qué se firma un acuerdo internacional, ratificado por ley del Congreso de la Nación, si un contrato entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Petróleos Paraguayos (Petropar) puede modificar el sentido del mismo?

–Hasta ahora no entiendo porque cambiamos el sentido del acuerdo y aceptamos intereses superiores a lo que fija el mismo, que es ley en toda la República.

–En la práctica, terminamos recibiendo combustible de mala calidad, a un precio elevado, y con un interés exorbitante, ¿qué hay de conveniente en eso?

–La mala calidad a mí no me consta, te diría que se compró de acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas para ese momento. Si podemos decir que hoy en el mercado paraguayo, esa baja calidad es historia, ya que dimos un salto cualitativo muy importante en cuanto a disminuir el contenido de azufre.

En cuanto al precio, sí, y no lo digo yo, lo dice un extenso reporte de auditoría ordenado en el 2009 por la estatal, la manera en que se negoció la apreciación del producto fue pésima, en un momento donde los commodities iban cayendo por la crisis económica, no hubo cintura para determinar que el cálculo debía actualizarse.

–¿A qué te referís cuando decís que no existió cintura para pelear un precio más conveniente?

–Ocurría que cerraban el precio en el origen de carga, pero como la carga llegaba desde muy lejos, durante la larga espera del producto, los commodities caían por día. Si tardaba 30, 60 ó 90 días en llegar, mi precio quedó fijado 90 días atrás, nadie tuvo la intención de modificar eso.

–¿Quiénes acordaron esas condiciones desfavorables para la Nación?

–Vemos que existen 13 facturas impagas, que forman la deuda de 266 millones de dólares, de las cuales 3 de ellas, por valor casi de 88 millones de dólares, fueron generadas a comienzo de agosto del 2008, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, el resto fue ya a pedido del gobierno de Fernando Lugo. El contrato original (Nº 787) se hizo bajo el gobierno colorado con Alejandro Takahashi, las posteriores adendas ya en la administración posterior, iniciando con Cíbar Granada al frente de Petropar, durante el gobierno de Lugo.

–Sucesivos contratos que instrumentaron el AEC, firmados por Nicanor y Lugo, desconocieron lineamientos del Acuerdo ¿Cuáles son los puntos cuestionados?

–En términos legales: interés punitorio del 18% anual (con lo cual se duplicaría la deuda a más de US$ 500 millones) que en ningún caso podía superar el 2% anual. Pero eso no fue todo, ya que también se fijó, desconociendo el acuerdo, el método de resolución de controversia, renunciamos a nuestra soberanía jurídica. Cuestiones que no son válidas. En términos de gestión: ¿cuál era el beneficio de comprar el producto a un precio no competitivo? las distribuidoras compraban en ese momento a un precio tres veces más bajo que Petropar.

–¿Cómo interpretan el 3er. punto del AEC, que aparentemente si habilitaba a Venezuela a establecer sus condiciones?

–El mismo establece efectivamente que el suministro que la República Bolivariana de Venezuela efectúe al Paraguay, lo hace en el marco de sus políticas y prácticas comerciales y se refiere, entre otras cosas, a los términos internacionales de comercio y logística. El interés no tiene nada que ver con el tercer punto del acuerdo, ya que el documento cuenta con un apartado específico que hace referencia al tema. Habilita a establecer condiciones de común acuerdo, que siempre tienen que ser beneficiosas para ambas partes, pero no a aceptar intereses arbitrarios.

–¿Puede desconocer nuestro país, contratos firmados por partidas que efectivamente fueron entregadas?

–Cuestionamos algunos puntos del contrato de compra-venta que van en contra del Acuerdo Energético de Caracas, ya que se acordaron ignorando el marco regulatorio. No se desconoce el producto que efectivamente llegó a Paraguay, somos conscientes de que existe un capital por el mismo de US$ 266 millones de dólares, que hasta ahora no fue honrado, y de hecho forma parte del pasivo de Petropar. El interés moratorio y punitorio es el que no corresponde, ya que excede ampliamente el 2% anual que fija el acuerdo internacional.

–Ya tienen un análisis para determinar, ¿Por qué, en el pasado, se dejó de pagar?

–Creemos que fue por el fuerte subsidio que recibía el producto, estimamos que llegó en su momento a 1.000 guaraníes/litro, entonces sencillamente comprabas para perder, ya aparte de pagar al proveedor un precio alto, el producto salía subsidiado para el mercado paraguayo. Además del subsidio, y del costo irracional del producto, en ese momento el Estado salía a comprar de vuelta el mismo producto subsidiado, más el margen de ganancia del sector privado. Definitivamente algunas de esas variables te pueden generar un problema financiero, un problema de caja, como se dice.

–¿Se podría concluir que, deliberadamente, se dejó de pagar la deuda para que corran los intereses punitorios?

–No hice un análisis puntual sobre el nivel de caja y disponibilidad, que se tenía en ese momento para determinar si Petropar podía honrar su compromiso en tiempo y en forma, es justamente lo que le pedimos ahora a la Contraloría y la Procuraduría General de la República, que nos ayuden a entender que ocurrió en ese momento. Ahora, si creo que hubo una decisión política de no pagar, por eso terminamos asumiendo nosotros la responsabilidad, y ya hemos decidido que queremos honrar ese compromiso, pero con una quita importante, del 50%, si aceptan eso, este gobierno les puede pagar hoy la deuda.

–¿El financiamiento a largo plazo, establecido en el Acuerdo, habilita a Paraguay a no honrar aun la deuda, el Gobierno sostiene que la misma vence recién en 2023?

–En realidad nuestra intención como gobierno no es mandar la deuda hasta el 2023, ya que tenemos disponibilidad ahora en caja, pero entendemos que esa cláusula específicamente nos habilita a que la deuda no pueda ser requerida hoy, en los términos que están siendo planteados por el gobierno de Nicolás Maduro. Es más bien una especie de recordatorio, le decimos a Venezuela, miren que tenemos el financiamiento a largo plazo, es una respuesta política pero también jurídica, dentro de las amenazas que estamos recibiendo.

–Tanto Nicanor como Lugo, sostienen que el financiamiento a largo plazo no está vigente, ya que no se ha creado ley especial, para aceptarlo como deuda soberana, y se basan en un dictamen de la Abogacía del Tesoro.

–El acuerdo energético internacional, fue homologado por el Congreso, a través de la Ley Nº 2.626, nosotros entendemos que es una opción que se encontró en todo momento a disposición de Paraguay, si anteriores gobierno decidieron no recordarlo, están en su derecho, pero es una posibilidad que da el mismo acuerdo.

–En las negociaciones que iniciaron en 2013, ya durante el gobierno de Horacio Cartes, ¿cuál fue la postura de Paraguay?

–Existieron varias propuestas para pagar la deuda, la última acercada oficialmente habla de una quita del 50% y un pago en efectivo del resto, directamente a Venezuela, usaríamos el ingreso genuino que generó Petropar en estos últimos años.

–¿Qué interés del gobierno venezolano encontraron?

–Claramente, a Venezuela no le interesa resolver el tema, creo que eso se puede ver en su nota del 3 de junio, donde de manera poco amistosa reclamaron al Paraguay. Eso me da la pauta de que no están con intenciones de aprobar esta propuesta acercada de manera oficial por nuestro país, pero nosotros entendemos que hay aún espacio para el diálogo, por eso en respuesta a esa carta poco amigable, planteamos que la negociación debe reanudarse lo antes posible.

–Ayer Fernando Lugo admitió que si Paraguay no se metía con la situación interna de Venezuela, este reclamo no hubiera existido.

–Si se hubiesen honrado las facturas, hoy no tendríamos esta deuda, por ende, no habría motivo de reclamo por parte de Venezuela. Sinceramente no creo que fácilmente se pueda descartar que se dejara de pagar para que corran los intereses, las mismas vencieron hace ocho años.

Me gustaría que la ciudadanía se pregunte y pregunte a los grandes responsables de esta situación, ¿cómo administraron en el pasado Petropar?, si me preguntan a mí, técnicamente diría que manera muy deficiente y poco favorable a los intereses de todos los paraguayos.

–Durante el gobierno de Lugo, Petropar intentó constituir un fideicomiso en un banco franco-suizo, que tenía como objetivo el pago de la deuda de US$ 280 millones a PDVSA.

–Encontramos los documentos de la adenda al contrato, que determina como condición de refinanciamiento, el establecimiento de un fideicomiso a través de un patrimonio autónomo. Posteriormente se definió que tenía que ser a través de un banco en Bahamas. César Addario fue el que diseñó ese negocio financiero, se hablaba de un pago inicial de US$ 20 millones, más 4 cuotas anuales de US$ 66 millones, que finalmente terminaba siendo la deuda completa de Petropar, no tenía mucho sentido. Ese negocio no se concretó por decisión de administraciones pasadas, creo que fue lo correcto ya que no era lo más saludable, pero lo quisieron concretar durante el gobierno de Lugo.

–¿No era saludable en qué sentido?

–El administrador del patrimonio autónomo recibía hasta el 100% del capital, adquiría a valor presente títulos de acciones y cancelaba la deuda. Si llegaba a sobrar algo, se devolvía a Petropar, previo acuerdo de PDVSA, perdiendo el derecho de sus activos. No me queda claro dónde está el beneficio en esa operación.