Por Econ. Mario Aníbal Romero Lévera

Socio ADEC

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que tiene el gran desafío de defender y promover la libre competencia, y cuyos directores fueron nombrados por el poder ejecutivo el 28 de julio del 2015, es una entidad de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica propia para actuar en ámbitos del derecho público y privado, que se rige por la Ley Nº 4.956/13 y sus resoluciones. La comisión actúa en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, patrimonio propio y plena independencia, y se relaciona con el poder ejecutivo por medio del Ministerio de Industria y Comercio.

La libre competencia (promovida por la Conacom) y la defensa del consumidor (promovida por la Sedeco1) son políticas diferentes pero complementarias, eso es así, toda vez que, si bien, la libre competencia busca regular las relaciones entre proveedores que luchan por una posición en el mercado y el acceso a éste, y no necesariamente el beneficio directo del consumidor.

No puede negarse que un mercado aun teniendo reglas de competencia claras, para alcanzar una verdadera competencia y liberación, precisa de consumidores activos y educados, que con sus decisiones de compra, promuevan el enfrentamiento comercial de bienes y servicios, prefiriendo aquellos bienes de mayor calidad y mejor precio, y viceversa. Poco podría lograrse a favor de los consumidores, si el flujo de productos en el mercado está determinado por proveedores y políticas monopolistas que limitan el acceso de nuevos productos y oferentes que tienen control sobre el precio global y condiciones de calidad de los productos existentes.

Entendido de esta forma, el punto de contacto y complementos entre ambas políticas públicas, vale la pena preguntarse ¿por qué en Paraguay, a pesar de existir una regulación de libre competencia y de protección al consumidor, con normas formalmente aceptables, nuestro mercado de bienes y servicios continúa en la práctica, equidistante de una verdadera liberalización con plena competencia entre los productos basada en la calidad y precios?

La respuesta es: educación.

En la medida en que la población sea educada en sus hábitos y decisiones de consumo, no tendrán lugar en el mercado los proveedores inescrupulosos o poco veraces en la comunicación de sus productos y servicios.

Si los consumidores asumen conciencia de sus derechos y los mecanismos para su reclamo, los organismos especializados en la materia recibirán, con la debida frecuencia e insistencia, las reclamaciones judiciales para el cumplimiento de sus derechos y los organismos administrativos encargados de la protección al consumidor contarán con consumidores y asociaciones de ellos fiscalizadoras del mercado.

De esta manera, si Paraguay aspira a tener un mercado realmente libre, donde la libre competencia sea la guía del éxito o fracaso de las compañías, urge implementar serias medidas de educación al consumidor como la inclusión efectiva en el currículum escolar de los temas de educación para el consumo y los derechos de los consumidores; la realización de campañas masivas de educación a la población, en sus derechos en el consumo de productos y servicios; la promoción de una ética empresarial de respeto a los consumidores y la promoción, subsidio y fortalecimiento de las asociaciones de consumidores.