Se abrió ayer el debate sobre el proyecto de ley que regula aranceles en universidades e institutos de formación profesional público. Fue durante una audiencia pública llevada a cabo en el Congreso, y la idea es limitar el costo de la educación superior, incluyendo los cursillos de ingreso y la expedición de títulos.

El encuentro fue convocado por la Comisión de Cultura, Educación, Culto y Deportes de la Cámara de Senadores, encabezada por la senadora colorada Blanca Ovelar (ANR), y durante la reunión se debatió sobre el proyecto de ley que determina que el cursillo de ingreso no puede superar los 10 jornales mínimos, es decir, los G. 700.000.

Liza Marecos, una representante estudiantil, se pronunció ante este planteamiento, defendiendo el derecho a la educación gratuita, lo que hizo que el diputado Dionisio Amarilla (PLRA-Central), principal impulsor del documento, reconsidere su propuesta. "El monto es elevado para un simple derecho a examen de admisión. Los aranceles son los que dificultan, hacen que muchos compañeros dejen la carrera una vez que ingresan a la facultad. Sin embargo, no se plantea el cese de los mismos; no podemos hablar de educación si le vamos a poner un precio, es un contrasentido", manifestó la universitaria.

En tanto, el legislador expresó que es posible pensar en la gratuidad de la educación superior en nuestro país. "Este primer paso es obligatorio para que chicos que estén terminando la educación media puedan acceder a la educación superior sin que los padres de familia tengan que rematar sus campos, sus bienes, para financiar el elevado costo que hoy tienen los aranceles en los cursillos de admisión, principalmente en las universidades públicas".

El proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados establece topes a los aranceles en las instituciones superiores y universidades públicas, además de limitar el costo de la expedición de diplomas, de todas las carreras de grado y posgrado. "Los aranceles en concepto de derecho de examen de admisión o ingreso a las carreras que ofrecen las universidades públicas, a través de sus facultades, institutos y centros que la componen, en ningún caso podrán superar los 10 jornales. En tanto que los institutos superiores y los institutos de formación profesional del tercer nivel, de carácter público, no podrán exceder el monto de cinco jornales previstos para actividades diversas no especificadas", cita el documento.