Funcionarios contratados de la Municipalidad de Lambaré denuncian supuestos despedidos injustificados y desde este lunes fueron a huelga. Los mismos también reclaman el cumplimiento del contrato colectivo y el respeto a los derechos laborales. Algunos tienen antigüedad de 10 años y más.
La orden de despido fue dada por el intendente actual, Armando Gómez (PLRA), supuestamente para contratar a sus "operadores políticos". Los cesados de sus cargos son del Partido Colorado, en su mayoría, en la lista también figuran adherentes al Partido Liberal.
"En esta segunda etapa fueron despedidos cinco compañeros dirigentes sindicales. Desde diciembre esta nueva administración empezó a despedir funcionarios antiguos, algunos fueron reincorporados por el Sindicato, pero hasta ahora no fueron reconocidos la antigüedad de ellos", manifestó Sonia Barrios, secretaria del Sindicato de Desempleados de la Municipalidad de Lambaré, en comunicación con la 970 AM.
Algunos empleados de la comuna no cuentan con vacaciones, no firman sus contratos de reincorporación desde enero de este año. Los personales pertenecientes al Departamento de Cuadrilla no cobran horas extras y trabajan más de las ocho horas laborales sin percibir remuneración alguna.
Los mismos vienen dialogando desde enero con el intendente pero hasta el momento no llegaron a un acuerdo, ya que desde la intendencia desconocen la antigüedad de los contratados, según la denuncia.
"Desde hoy (lunes) empezamos una huelga de la parte obrera por 15 días. Hasta el jueves estuvimos en una reunión tripartita, pero como no hubo negociaciones, la huelga declarada iniciamos hoy", añadió Barrios.
Para este martes el Ministerio de Trabajo convocó a una nueva reunión para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, desde la Municipalidad anunciaron que habrían más despidos. En total serían cesados unos 300 funcionarios más.
La nueva administración, desde que asumió el cargo, habría despedido a todos los cuadrilleros sin importar el partido político al que pertenecían. El contrato colectivo establece que el funcionario contratado adquiere estabilidad laboral desde los dos años de antigüedad.