LOURDES TORRES LUGO
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"Desde que se creó la Procuraduría en 1992 hasta el 2015, nunca se había demandado a un funcionario público en lo civil, por el daño causado al Estado"
Por primera vez, la Procuraduría General de la República demanda bajo el fuero civil a funcionarios estatales. El caso se da con un grupo de ex policías condenados por lesión de confianza en la compra de insumos para la fuerza pública. La querella es por G. 1.200 millones y no ha de quedar como un hecho aislado, asegura Roberto Moreno, quien anuncia que están en preparación otras demandas para recuperar el dinero robado.
–¿Cuál fue el enfoque que dio a la Procuraduría desde que asumió, en el 2013?
–Cuando ingresamos a la Procuraduría no había ningún archivo, no contábamos con un sistema informático. No sabíamos cuántas demandas existían, ni quiénes estaban a cargo. Tuvimos que hacer una planilla a mano, en los primeros meses de agosto y septiembre del 2013, donde identificamos cada juicio y su encargado. Ahí llegamos a la cifra de US$ 1.800 millones, que era el total de las demandas contra el Estado. Entonces, nos pusimos el objetivo de bajar al máximo este número hasta donde se pueda.
–¿Cuánto se lleva ahorrado?
–Durante el primer Congreso de Abogados del Estado, el año pasado anunciamos que llegamos a la cifra de G. 1 billón de ahorro, algo así como US$ 200 millones, una cifra histórica. Al terminar el acto, el presidente Cartes me pidió que no nos quedemos en eso. El lunes pasado, fuimos a Mburuvicha Róga a informar que en un año logramos duplicar la cifra a casi G. 2,2 billones, sin sumar intereses, ni honorarios profesionales de la contraparte. Si perdíamos, fácilmente sumarían unos US$ 600 millones.
–¿Qué tipo de demandas contra el Estado son los que incluyen estos casos?
–En la Procuraduría hay más de 4.000 demandas contra el Estado. Está todo cargado en la web. Hay de todo; esta institución es como un almacén de demandas jurídicas. Encontramos demandas por daños y perjuicio por víctimas de la dictadura, por supuestos incumplimientos de contrato del Estado, incluso tenemos las sucesiones vacantes. Aparte tenemos todas las demandas que tienen que ver con los funcionarios públicos, cada vez que se destituye, ellos pueden demandar al Estado, ya sea para reposición en el cargo, o alegando que la destitución se hizo mal.
–¿De cuándo datan las demandas ganadas a favor del Estado?
–La mayoría es anterior al 2013, pero también hay muchas que son posteriores. Por ejemplo, los honorarios de los abogados del BCP son anteriores a este periodo. Pero ya se habían perdido 18 casos de seguido antes del 2013. Cuando asumí este cargo, los 4 directores del BCP estaban con amenaza de desacato, porque no estaban pagando a los abogados, entonces ellos me pidieron socorro, y metimos una acción de certeza, que es lo que posibilitó parar la sangría, como se dice.
–Ahora iniciaron las demandas civiles del Estado a funcionarios públicos…
–Desde que se creó la Procuraduría en 1992 hasta el 2015, nunca se había demandado a un funcionario público en lo civil, por el daño causado al Estado. Si un funcionario es sujeto de un hecho de corrupción, se hace una investigación y sentencia penal. Pero, no devuelve lo robado, no repara el daño causado, esa es la demanda civil. El año pasado, iniciamos la primera demanda que es por G. 1.200 millones, a un grupo de comisarios, por una cuestión de que ellos no rindieron cuenta por la compra de carne.
–¿Por qué en 23 años no se pudo plantear antes esta instancia?
–Creo que por dos cosas: Uno, por una cuestión de decisión política simple, hay que tener la lapicera para firmar el escrito. Dos, creo que nunca nadie se planteó siquiera el problema. Pasa algo similar con el Fonacide, todo el mundo dice que se robó, pero nadie se plantea jurídicamente cuál es la solución. En el Fonacide se tuvo en cuenta muchas cosas, menos la parte más importante: ¿Qué pasa cuando no se cumple, si se ejecuta mal las obras o no se las ejecuta, directamente? Con los funcionarios públicos está pasando casi lo mismo, tenemos todas las leyes, pero no hay ninguna donde expresamente diga que la Procuraduría en este instante puede intervenir.
–¿Cuáles son los casos de la demanda que están próximos a iniciar?
–Tenemos en vista otras demandas civiles que se están iniciando, que suman más de G. 10.796 millones, y así queremos seguir. Por citar, son todos por lesión de confianza, en la que están involucrados ex gobernadores de Amambay y Boquerón, así como un caso en la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, y la sobrefacturación de insumos para el cáncer del Ministerio de Salud Pública.
–Además de los casos de denuncias a funcionarios, ¿hay otros?
–En la Fiscalía tenemos una planilla con unos 60 a 70 casos a los que ya estamos haciendo seguimiento. Los que hemos publicado son casos que ya están listos para ser demandados en lo civil. Acuérdense que es necesaria la condena penal, para que la Procuraduría pueda demandar.
–Con estos casos ¿ha recibido algún tipo de presión?
–No. Y tengo una ventaja, y debo ser franco, yo tengo un apoyo irrestricto del presidente Horacio Cartes, que el lunes pasado se volvió a renovar, que a mí me resulta en ese sentido, relativamente fácil la tarea. Aunque reconozco que no es nada fácil, pero me descarga un poco la presión, porque cuento con su apoyo.