El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advirtió de la posibilidad de un golpe de Estado en Brasil en un discurso este jueves en el plenario del Senado, provocando la indignación de varios legisladores.
"En este momento hay grandes posibilidades de un posible golpe de Estado" similar a lo que ocurrió "en otros países del continente como Honduras y Paraguay, [donde] se utilizó la misma metodología", dijo el luchador argentino por los derechos humanos a los senadores brasileños.
Indignados, senadores de oposición consiguieron que la palabra "golpe" fuera eliminada de las notas taquigráficas, informó el diario O Globo.
El Senado debe decidir en la segunda semana de mayo si separa a la presidenta Dilma Rousseff del cargo por hasta 180 días, mientras se realiza un juicio de destitución en su contra. Los sondeos indican que ya hay suficientes votos para suspenderla.
Rousseff, que se reunió con Pérez Esquivel este jueves más temprano, es acusada por la oposición de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios, en medio de un complejo escenario que conjuga traiciones políticas, una profunda recesión y un gigantesco fraude a la estatal Petrobras que salpica al partido en el gobierno y a sus aliados.
La presidenta asegura que es inocente y que el vicepresidente Michel Temer, que asumiría su cargo, trama un golpe de Estado en su contra.
"Vengo a Brasil trayendo la solidaridad y el apoyo de mucha gente en América Latina y la mía personal para que se respete la continuidad de la Constitución, del derecho del pueblo a vivir en democracia", dijo a los senadores el Nobel de la Paz 1980, premiado por su defensa pacífica de la democracia y los derechos humanos frente a las dictaduras militares de la región.
"Espero que salga lo mejor de este recinto en bien de la democracia" y de Brasil, concluyó.
Más de la mitad de los 81 senadores que analizarán las denuncias contra Rousseff enfrentan una o más demandas judiciales (sin contar procesos del ámbito privado), según la ONG Transparencia Brasil. Doce de ellos son investigados por la Suprema Corte en relación al megafraude en Petrobras.