El Poder Ejecutivo vetó ayer parcialmente el proyecto de ley Nº 5.587 "Que modifica y amplía la Ley Nº 861/96 General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito", en el artículo 86. El rechazo del presidente Horacio Cartes al cuestionado artículo se dio luego de que el Ministerio Público y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se pronunciaran contra el proyecto.

El cuestionado artículo 86 se refiere sobre las excepciones al deber del secreto bancario, que de acuerdo a la Fiscalía impide investigar a personas sospechadas por lavado de dinero.

De acuerdo al informe de la Asesoría Jurídica de la Presidencia, dirigida por el abogado Sergio Godoy, señala que desde el Ejecutivo consideran que de promulgarse el proyecto de ley Nº 5587/2016 se estaría cercenando la tarea principal del Ministerio Público.

"La cual le ha sido asignada constitucional y legalmente, lo que implicaría un cambio en todo el sistema investigativo vigente, ya que el legislador pretende con el Artículo 86 del citado proyecto, que el Ministerio Público primero impute y luego solicite información para corroborar si existe sospecha de la realización de un hecho y la eventual participación de esa persona en ese hecho. Además afectará el proceso de transparencia impulsado por el Gobierno Nacional", expresa el documento.

Menciona además que de aprobarse el citado artículo, la Seprelad, perdería su facultad y competencia al tener que previamente solicitar autorización judicial para acceder a las informaciones resguardadas por el secreto bancario. Por lo que se contrapone a sus funciones como Unidad de Inteligencia de la República del Paraguay, "con facultad de recabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda la información que pueda tener vinculación con las informaciones analizadas", refiere el informe de Asesoría Jurídica.

La ley fue impulsada por el Poder Ejecutivo y fue sancionada por el Senado en marzo pasado. Durante el proceso de análisis, el diputado colorado Bernardino Villalba fue quien propuso la modificación señalando la obligatoriedad de que ambas instituciones cuenten con orden judicial para requerir a las entidades financieras información sobre cuentas de personas investigadas por algún ilícito.

El proyecto vuelve nuevamente al Congreso para su consideración.