La jueza penal de garantía, María Gricelda Caballero, admitió la imputación y procesó por el delito de usurpación de funciones públicas a la defensora general del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Noyme Yore, y a los abogados Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Ramón Vera Gamarra.
La magistrada convocó a Yore para el 7 de abril, a las 08:00, para la audiencia de imposición de medida. En tanto que los profesionales del derecho fueron citados para el 8 de abril, entre las 07:30, 08:00 y 08:30.
La titular de la defensoría pública fue procesada por los fiscales Josefina Aghemo y José Dos Santos, quienes presentaron la imputación luego de la serie de publicaciones periodísticas del equipo de investigación de La Nación, en las que se denunciaban irregularidades en dicho ente.
La conducta atribuida a Noyme Yore, de acuerdo a la Fiscalía, se encuadra dentro del artículo 241 de "Usurpación de funciones públicas", que dice: "El que llevara a cabo un acto que solamente puede ser realizado en virtud de una función pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa".
Imputación
El acta de imputación señala que Noyme Yore, en su carácter de defensora general del MDP, designó por resoluciones a los abogados particulares Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Ramón Vera Gamarra como nuevos defensores públicos, violando así el artículo 23 de la ley Nº 4423/11, que señala que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de designar a los defensores públicos, previa selección en ternas por el Consejo de la Magistratura; por tanto, Yore se atribuyó funciones que eran exclusivas de la máxima instancia judicial.
Este hecho quedó confirmado a través de un informe del secretario general de la Corte Suprema de Justicia, Alejandrino Cuevas, en el que señala claramente que los tres abogados citados más arriba nunca fueron designados defensores públicos y ratifica que solo la Corte puede realizar estos nombramientos.
Con respecto a la responsabilidad de los abogados imputados, los fiscales señalan que los mismos se arrogaron, igualmente, funciones públicas, porque intervinieron en procesos penales que se tramitaron en juzgados de la República.
Medidas
El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los cuatro imputados, entre ellas, la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado penal de garantía, una fianza real (inmueble) de cada uno por la suma de G. 100 millones, la obligación de residir en un domicilio determinado y la prohibición de cambiarlo sin aviso.