Por Jorge Cohler

El director General de la Contrataciones Públicas cuenta detalles de la investigación de las cuestionadas adjudicaciones realizadas en el Ministerio de la Defensa Pública. También sobre la cancelación del proceso de licitación para la provisión de billetes por parte del Banco Central del Paraguay.

–¿En qué etapa se encuentra la investigación de adjudicaciones en el Ministerio de Defensa Pública?

–Las obras de las sedes del MDP que ya fueron verificadas in situ son las de San Juan Bautista (Misiones), Caacupé (Cordillera) y San Estanislao (San Pedro) y los informes técnicos se encuentran en etapa de elaboración. Posteriormente se realizará un informe contractual y ambos informes serán remitidos al contratante y al contratista para que den sus descargos.

–¿Cuál es el siguiente paso en el caso de encontrarse irregularidades?

–Se hace la evaluación técnica y contractual para proceder al cierre de las verificaciones y la remisión de los informes completos a las instancias correspondientes, donde participa la dirección jurídica de Contrataciones Públicas y a partir de ahí es que se pasaría a la Fiscalía General y a la Contraloría. Esta es una investigación que iniciamos a partir de las denuncias periodísticas publicadas en la sección política del diario La Nación y es cómo operamos en cuanto a las denuncias de los procesos que pasan por nuestro portal.

–¿Cómo se construye el marco para una sanción?

–Todos los trabajos de verificación son con el fin de darle un insumo a la dirección jurídica para que después ellos determinen cuál es la sanción para esa empresa en caso de haber incumplido con el contrato y si recibió dinero que no le correspondía. Hay veces incluso que corresponden a hechos punibles, donde derivamos a la Fiscalía y los auditores de Contrataciones son los testigos. Esto en el caso que ya se pagó y al verificar encontrás que la obra no está avanzada según el plan de pago.

–¿Cuál es la situación actual de las empresas denunciadas en este caso?

–Estamos en el proceso de verificación contractual y si el resultado del mismo nos arroja que hay hechos imputables contra las firmas contratistas, se dispondrá la apertura de un procedimiento sumarial a las mismas.

–¿Estas empresas serán sancionadas por presentar una ubicación ficticia?

–En el caso de que se constate que las firmas contratistas han proporcionado información falsa en el marco de un procedimiento de contratación, serán sancionadas.

–¿Existen empresas sancionadas actualmente por la Dirección de Contrataciones?

–En el 2015 sancionamos a 131 empresas, desde inhabilidades para participar en licitaciones por periodo de 3 meses hasta inhabilidades por 3 años completos. Hemos registrado un 257% de aumento en empresas amonestadas con relación al 2014 y un aumento de 45% de empresas inhabilitadas. La sanción es más leve, pero es algo que queda en el legajo de la empresa, donde se demuestra cómo se desempeñaron en la ejecución de sus contratos estas empresas que quieren vender algún bien o servicio.

–¿Cuántos auditores tiene actualmente Contrataciones Públicas?

–Los técnicos destinados a las verificaciones son tres. Por eso nosotros tenemos que planificar las auditorías prácticamente para todo el año, por el volumen de técnicos que tenemos. Muchas veces la Fiscalía nos pide hacer muchas auditorías y nosotros estamos estancados con nuestras propias verificaciones a empresas que fueron denunciadas y pasaron por nuestro portal.

–¿Contrataciones Públicas hace un análisis previo de las empresas que quieren participar de licitaciones?

–Cada institución, la entidad convocante es la que debe hacer ese análisis antes de adjudicar; de hecho, hay un comité de evaluación que recomienda a la máxima autoridad de la institución de la adjudicación a cuál empresa, de acuerdo a lo que ponga en su pliego de bases y condiciones. Nosotros, lo que hacemos es darle todas las armas a estas instancias para que puedan tomar una decisión acertada. Son los funcionarios de UOC de cada institución los que toman la decisión porque son los que conocen su realidad.

–¿Y cómo hacen para saber qué llamado está amañado?

–Tenemos una serie de recepción de denuncias, donde generalmente tenemos la denuncia de las demás empresas oferentes de una licitación determinada, o los funcionarios de las instituciones con la protección de su identidad.

–¿Este fue el método para frenar la licitación internacional en el caso compra de billetes?

–Efectivamente; alguien denunció por el portal, no sabemos quién, porque la protección al denunciante es tal, que ni yo mismo puedo saber quiénes denuncian. En ese caso se hizo toda una investigación, se le corrió traslado al Banco Central del Paraguay y ahí se alertaron de una cuestión muy técnica de los billetes licitados. Cuando se dieron cuenta que la denuncia tenía fundamentos se logró la cancelación de la licitación.

¿La denuncia es la forma en que ustedes entran en conocimiento de irregularidades?

Si, a partir de la denuncia, protesta o publicaciones periodistas, porque es muy difícil que nosotros, con 3 auditores y un total de 220 funcionarios podamos analizar todos los casos punto por punto. De hecho, nosotros somos un órgano de control de las 650 unidades de compras del Estado, pero dentro de la documentación que ellos nos presentan, como es una actividad descentralizada, dependemos de los funcionarios de UOC de las instituciones.

Esos funcionarios de UOC, ¿son dependientes de Contrataciones Públicas?

No, son funcionarios de sus instituciones. Lo que prima es el criterio de descentralizar. Lo que sí hacemos algunas veces es poner en evidencia, tras la denuncia, que el llamado está muy ajustado para que gane una empresa en específico y queda a criterio de la máxima autoridad de la institución su remoción o no.

–¿Y por qué ustedes no hacen ese análisis de las empresas?

–Porque según nuestra ley marco, la responsabilidad administrativa está en las instituciones; los que adjudican son las instituciones; quien administra contratos son las instituciones. Ellos básicamente tienen todas las atribuciones en sus manos.