El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva puede asumir como jefe del gabinete de Dilma Rousseff, luego que un tribunal de Rio de Janeiro anunciara este viernes el levantamiento de una medida cautelar que bloqueaba su toma de funciones.

Otra cautelar había sido anulada en Brasilia el jueves, poco después de que el exmandatario (2003-2010) fuera juramentado.

Aún hay decenas de pedidos de medidas cautelares ante la justicia ordinaria para impedir el nombramiento de Lula, que se suman a otros doce recursos presentados directamente ante la corte suprema.

La Abogacía General de la Unión (AGU), que defiende al Estado, pidió al máximo tribunal de Brasil la "suspensión de las medidas cautelares contra la asunción de Lula", para "unificar las decisiones" relativas a su designación ministerial.

El Tribunal Regional Federal (TRF) de segunda instancia que ordenó el levantamiento de la cautelar en Rio alegó que la medida buscaba impugnar "un acto exclusivo del presidente de la República", según consta en una nota del juzgado.

"No se puede olvidar, principalmente en un momento de clamor social como el que vivimos, que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, veracidad y legitimidad, a menos que se presente pruebas cabales sobre su nulidad", indicó el magistrado Reis Fride, citado en el comunicado.

Lula es investigado por presunta ocultación de bienes, en el caso del escándalo de corrupción de Petrobras. Su entrada al gobierno le otorga fueros especiales, que son tratados por la corte suprema, evitándole comparecer ante el juez Sergio Moro, que lleva la causa sobre la petrolera estatal.

Lula fue nombrado jefe del gabinete en un momento en que Rousseff dice necesitarlo más que nunca para enfrentar los embates de un proceso de destitución, que ya comenzó en el Congreso.

Pero la crisis arreció el miércoles cuando Moro liberó el audio de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff, en la que la mandataria le informaba que le enviaba el decreto de su nombramiento para que pueda "usarlo en caso de necesidad".

Investigadores estiman que la presidenta quería proteger a Lula de una eventual orden de prisión.