• El edil colorado de Mariano Roque Alonso, Julián Agustín Vega Insfrán, apareció ayer involucrado en la investigación por la muerte del joven hincha de Olimpia, Elías Gabriel Rojas. Se confirmó que el principal sospechoso del crimen descendió de la camioneta que Vega manejaba cuando ocurrió el asesinato.

Por Aldo Benítez y Christian Pérez

El hecho viene a confirmar los fuertes lazos que existen entre los actores políticos locales y los miembros de las barras bravas de nuestro país. Según lo que explicó el propio concejal Vega a la radio 970 AM, él se encargó de llevar a un par de amigos suyos a la cancha el día del último clásico entre Olimpia y Cerro Porteño (disputado el 21 de febrero último) debido a que los mismos le dijeron que había amenaza de que podría haber enfrentamiento.

De acuerdo a Vega, él personalmente informó de la situación a la Comisaría 10 de Mariano Roque Alonso, cuyo comisario, Aldo Benítez, le pidió que le acompañe a los hinchas cerristas hasta cierto punto, para evitar que exista cualquier tipo de incidentes. Según el concejal, accedió porque se trataba de amigos suyos y para hacerle una especie de favor al comisario Benítez.

Dijo que en el camino, en la zona del barrio Trinidad, entrando a Asunción, subieron a su camioneta dos personas más, a quienes él no conocía. Una de estas personas –a la que después dijo que se le decía "Mauro'i"– es quien aparece para la Policía como uno de los principales sospechosos de haber matado al joven Elías. En las imágenes de seguridad que tienen los investigadores, se ve al supuesto "Mauro'i" saliendo de la camioneta de Vega con una cartera, de donde presuntamente sacó el arma.

Vega añadió que, atendiendo la gravedad del caso, se presentó con sus abogados ante la Policía para ayudar a la pesquisa. Los agentes de investigación confirmaron que el vehículo del cual descendía el sospechoso pertenece al concejal colorado. Al respecto, Vega enfatizó que está totalmente abierto a que se lo indague, ya que lo único que hizo fue acercar a un par de amigos –uno de ellos, identificado por el concejal como "rubio"– hasta el Defensores el día del partido y que las personas que subieron después a su vehículo participaron de la gresca que terminó finalmente con un fallecido.

LAS BARRAS: NEGOCIO MILLONARIO Y HERRAMIENTA POLÍTICA

La relación entre los políticos e integrantes de las barras bravas de los clubes no es algo nuevo en nuestro país, ni en la región. En Argentina, esta conexión llegó a un nivel tan fuerte, que en la época del gobierno kirchnerista se utilizó a los grupos de hinchas para actividades políticas portando banderas, bombos, para hacer ruido o en los peores escenarios, como fuerza de choque en cualquier manifestación en la que se necesite. Pero en el país vecino, la historia de las barras en los clubes ganó tanta preponderancia, que muchos de ellos controlan el cobro de estacionamiento, cobran un canon a los vendedores cercanos a los estadios, entre otros. Todo esto, gracias a sus vínculos con el poder, que hicieron de estos grupos verdaderas mafias organizadas.

En nuestro país, un modelo similar intentó instalar –empezó con algunas acciones importantes– el ex jefe de la barra de Olimpia, Adolfo Trotte. En diferentes ocasiones, miembros de la barra del club decano aparecieron en mitines políticos, con cánticos hacia los candidatos de turno. Es recordado el caso –que sigue circulando hasta ahora por internet– en el que un miembro de una de las facciones de la barra de Olimpia reconoce que cobró G. 300 mil para ir a gritar vítores a favor del entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos (ANR).

La hegemonía de Trotte al frente de la barra olimpista, sus nexos con el poder político y su buen manejo con los medios, lo hizo aparecer como una figura pública que acaparaba programas de radio y TV. Pero todo acabó cuando fue encontrado culpable de haber asesinado a su esposa y terminó siendo condenado en el 2013 a 40 años de cárcel, pena que actualmente está cumpliendo en la Penitenciaría de Encarnación.

El caso del concejal Vega viene a ratificar aquella fuerte unión entre los actores políticos y los barras bravas. Como ejemplo, basta recordar que en enero de este año, integrantes de la hinchada organizada de Cerro Porteño utilizaron durante varios días el polideportivo de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, para pintar dos nuevas banderas gigantes que quieren mostrar al público en la inauguración de las remodelaciones del estadio cerrista, la Nueva Olla Azulgrana.

El propio edil reconoció además que es amigo y abogado de varios integrantes de las barras que están imputados por diferentes causas, pero se apuró a aclarar que no solamente del club Cerro Porteño –del cual se declaró hincha–, sino también de otros clubes. Incluso, mencionó que el fallecido Elías era su cliente, ya que el chico tenía una causa por la que debía ir a juicio oral. Un dato no menor a la hora de determinar el mundo en el cual se mueven los integrantes de estos grupos.

VIOLENCIA MÁS VIOLENCIA

Elías Rojas viene a sumarse a una larga lista de vergüenza que tiene el fútbol paraguayo, siendo la víctima fatal número 18 desde el 2007 hasta esta parte. Su muerte, que derivó de un enfrentamiento a tiros entre miembros de las facciones más violentas de Cerro Porteño y Olimpia, vino a despertar la indignación general y la movilización de dirigentes del fútbol, que una vez más salieron a dar los discursos de hace años, pero que en las acciones no se ven.

Lejos de la realidad de otros países, en donde este deporte está distribuido por todo el país, en Paraguay, el fútbol local concentra casi toda su actividad en una misma ciudad y convoca prácticamente a la misma gente. En ese sentido, en apenas tres estadios de Asunción y Luque se concentró el 94% del público que acudió a ver fútbol profesional en las primeras 8 fechas del campeonato Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). A pesar de que prácticamente todos los espectadores se movilizaron en sólo dos ciudades, las autoridades policiales se muestran incapaces de controlar a minúsculos grupos de inadaptados, que manchan las jornadas deportivas con sangre y violencia.

Mientras las muertes pasan y los discursos se esfuman, queda la Policía como única institución que finalmente se encarga de garantizar seguridad para los hinchas o familias que quieren ver un partido de fútbol. El departamento de Eventos Especiales y Deportivos, a cargo del comisario Manuel Sosa, que tiene la misión de velar por la seguridad en los encuentros de fútbol, tiene apenas dos patrulleras, dos motos y carece de un sistema informático para identificar a los violentos que no deben llegar a los estadios.

COMISARÍA EN LUGAR DE CANCHA

Al menos 115 integrantes de las hinchadas organizadas, conocidos como barrabravas, fueron obligados por la Fiscalía a acudir a las comisarías en el horario en el que sus equipos juegan, como una medida para paliar la violencia. Este tipo de prácticas se está aplicando desde el 2014 y esta cantidad obedece justamente a todos los barras que fueron castigados entre el 2014 y el 2015.