Por Enrique Vargas Peña
En el artículo que sigue a continuación no pretendo discutir ni negar los elementos señalados por los sindicalistas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como explicación de la presente situación de penuria a la que la entidad tiene sometida a nuestra gente, con cortes de luz periódicos, largos, sorpresivos y groseramente reiterados.
No discuto ni niego que Ande vende a distribuidores o empresarios privados a precios más baratos que a sus consumidores directos; tampoco que Ande esté obligada a transferir a Hacienda unos ciento cincuenta y un millones de dólares (las transferencias intergubernamentales) ni que, además de eso el Estado le deba a Ande unos sesenta y siete millones de dólares y no discuto ni niego que Ande no cobra dinero de sus empresas Itaipú y Yacyretá.
El diario Última Hora, ayer 20 de febrero (http://bit.ly/1LyyX4z) formuló algunas de las cuestiones que nos hacemos todos y que no son respondidas por las mencionadas afirmaciones de los sindicalistas de Ande: "Tener cinco días a medio millón de personas sin luz en uno de los países que más energía eléctrica producen en el mundo (como siempre se jactaron en proclamar las autoridades) es una paradoja que no se compadece en absoluto de la realidad ni de las urgentes necesidades del pueblo (…) La gente está, como no puede ser de otra forma, irritada, indignada y exige explicaciones. Lo curioso del caso es que nadie parece tenerlas. Por ejemplo, Walter Causarano, gerente técnico de la Ande, sostuvo que todavía deben aguardar un peritaje para saber exactamente qué sucedió en San Lorenzo (…) El presidente, su ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, y el de Industria y Comercio, Gustavo Leite, ya no pueden ir más por el mundo a mentirles a los inversionistas diciéndoles que este es un país 'rico en energía eléctrica y en recursos naturales', mientras Juan Pueblo está soportando cortes de luz cada vez que sopla un viento o se recalientan los cables porque el sistema de transmisión y distribución de la energía de este país está en condiciones deplorables".
El día anterior, viernes 19 de febrero, ABC Color (http://bit.ly/1Qoi2cm) se había expresado de modo parecido: "No deja de ser una ironía que el Paraguay, siendo el mayor exportador de electricidad del mundo y nadando en su abundancia, tenga que estar sufriendo una de las peores crisis en cuanto al suministro de este vital insumo (…) Inadvertida o intencionalmente, en su arrebato de autoincriminación, el presidente de la Ande ha buscado lavarse las manos a costa de la Municipalidad de Asunción, acusándola de ser la culpable de la actual crisis energética por promover el aumento del consumo de electricidad en la ciudad, autorizando la construcción de edificios de altura a sabiendas de que la Ande no tiene la capacidad de atender una mayor demanda que la actualmente existente (…) Si el ente estatal no puede proporcionar abundante electricidad al país con las formidables represas que tiene, es exclusivamente porque hace rato perdió su rumbo institucional convirtiéndose en un inmoral botín político de un grupo de personas (funcionarios públicos, sindicalistas, ingenieros electricistas y empresarios inescrupulosos) y debe ser reformado, más temprano que tarde".
Los temas de los que hablan los sindicalistas de Ande, resumidos al principio, no explican las cuestiones formuladas por los medios que, a su vez, expresan las de una sociedad indignada por verse obligada a vivir sin energía eléctrica segura siendo la propietaria de las mayores generadoras de esa energía en el mundo.
Creo que algunos hechos de los ocurridos en los últimos días nos pueden dar pistas de lo que está sucediendo en realidad con Ande.
Los cortes de luz que no se deben a factores climáticos, y aún un porcentaje significativo de los que suelen atribuirse a factores climáticos, tienen que ver con la edad de las instalaciones, según insisten en repetir y remarcar Víctor Romero, presidente de Ande, y sus colaboradores en la dirección de la entidad.
Luego, si las instalaciones son antiguas, es evidente por sí mismo que requieren un mantenimiento redoblado, vigilante, especial. El trabajo de cualquier persona que pretenda dirigir Ande con un mínimo de respeto a los usuarios que, además son sus propietarios, consistirá en garantizar con solvencia ese mantenimiento redoblado y en gerenciar, luego y por cuerda separada, lo requerido para las inversiones necesarias para aumentar la calidad y el alcance del servicio.
Mantener funcionando lo que hay debería ser la prioridad y los puntos señalados al principio de los sindicalistas de Ande nada de nada tienen que ver con eso.
Por los escasos datos que los responsables de Ande permitieron que se sepan de los incendios ocurridos en las subestáticas de Lambaré y San Lorenzo sabemos que el de Lambaré se debió a "la pérdida de aislamiento del interruptor" de ingreso de la energía de alto voltaje, según lo confirmó Walter Causarano, gerente técnico de Ande a la 970 AM el pasado 15 de febrero del 2016 (http://bit.ly/1Q7JSHE) y, aunque el propio Causarano se negó a dar detalles sobre lo ocurrido en San Lorenzo como consta en el transcrito editorial de Última Hora, Rubén Valdez, jefe de los Bomberos Voluntarios, explicó también a la 970 AM, el 19 de febrero, que el siniestro se inició en los túneles de los conductores (de energía) que tenían conexión con la sala de control (http://bit.ly/20LMfSf).
Ante la notable reticencia de los responsables de Ande de indicar quiénes son los responsables directos de mantenimiento de las subestáticas de Lambaré y San Lorenzo, el gerente de Distribución, Aniano Esquivel, confirmó a la 970 AM el 16 de febrero, que el responsable general del mantenimiento es el gerente técnico Walter Causarano (http://bit.ly/1SQuEJD).
Estos escasos datos, permiten sostener sin temor a contestación que los responsables de mantenimiento de Ande no dispusieron de la vigilancia requerida por instalaciones antiguas para prevenir cosas como las que ocurrieron, y mucho menos del estoqueo de aislamientos que debieron haber previsto si fueran mínimamente competentes.
Y salvo que estos dos incendios hayan sido resultado de atentados, en cuyo caso el presidente de Ande y sus colaboradores debieron informarlo de manera inmediata a la Fiscalía penal como les ordena el artículo 286 del Código Procesal Penal, siendo pasibles de recibir las penas correspondientes a la acción de obstruir la acción de la Justicia y la persecución penal si no lo hicieron, estos siniestros se debieron a la incompetencia o la irresponsabilidad de los directores de Ande o a su lenidad deliberada para forzar adquisiciones de equipos por la vía de la emergencia o modificaciones de las acciones que está emprendiendo el Poder Ejecutivo sobre Ande (contrato colectivo).
Por eso deben ser destituidos Víctor Romero y sus colaboradores de mantenimiento.